En la montaña de Guerrero los pueblos defienden el territorio del despojo minero
Las estructuras comunitarias en la montaña permiten el cuidado y la movilización para la defensa territorial
Desde 2010, la población indígena (perteneciente a los pueblos Mepha, Nazabi, Náhuatl y Amuzgo) y campesina de la montaña y costa de Guerrero luchan por defender su territorio de los proyectos mineros y otras formas de despojo territorial, señaló Giovanna Gasparello, Investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La región de la montaña habitada por el pueblo Mepha o Tlapaneco, es conocida por la ingente producción de amapola, cultivo producido desde los años 70 y cuyo auge ha aumentado a la par de la demanda de heroína en el mercado estadounidense y por la disminución de opciones laborales y de subsistencia para la población local, refirió la investigadora.
A pesar de este contexto de violencia estructural, el territorio de la montaña es rico en recursos y bienes comunes naturales, sus cerros, además de albergar el agua vital y los santuarios indígenas, contienen abundantes metales preciosos como oro, plata y zinc, lo cual atrajo hacia la región el interés de las empresas extractivas, comento Giovanna Gasparello.
A partir del estudio de caso de la montaña de Guerrero, Gasparello identificó la producción y valorización de subjetividades e identidades ligadas al territorio, la resignificación de estructuras organizativas propias de las sociedades indígenas y campesinas, y la movilización de significados otorgados dicho espacio.
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¿Que significa el territorio para los pueblos de esta región?
A la par de su inserción en el sistema capitalista, las sociedades indígenas conservan prácticas de manejo y reproducción de sus bienes comunes, cuya base cultural está viva y se refiere a la tierra comunal, reconocida en figuras como los bienes comunales y de uso común, que articulan la dimensión cívica, política y religiosa del manejo territorial. Una expresión concreta de este núcleo, se presenta en las practicas de reciprocidad y el trabajo colectivo, refirió la investigadora.
Así mismo, en las prácticas tradicionales de esta región, se observa la centralidad del aspecto biocultural y simbólico de los bienes comunes, se identifican relaciones entre los distintos sujetos que habitan el mundo. Es por esto que, frente al proceso de despojo, se hace evidente la pérdida civilizatoria o erosión cultural, acostumbramos solo a observar su dimensión material, recalcó Gasparello.
En la cosmovisión indígena los elementos del territorio tienen una esencia viva y lactante, son entidades inconmensurables a diferencia de la propiedad privada y la mercantilización, expresó la investigadora, y agregó que, dichos entes son inapropiables, no solo porque son necesarios para la vida, sino porque son la expresión de la vida misma, son elementos vivos en su dimensión más profunda, aquella sagrada y espiritual, dimensión que resulta ser uno de los motores más poderosos del proceso de defensa territorial, comentó la investigadora.
La fuerza de las estructuras comunitarias en la montaña es lo que permite el cuidado y movilización para la defensa de su territorio entendido como bien común, esta categoría rebasa lo público y lo privado para colocarse fundamentalmente afuera de la dimensión de mercado, afirmó Gasparello.
Despojo vigente
De las 44 concesiones mineras vigentes en 2016, 22 fueron canceladas a raíz de la movilización popular. Sin embargo, actualmente siguen vigentes dos grandes concesiones “La Diana San Javier” y “Toro rojo”, la primera es un proyecto impulsado por la empresa canadiense Capsim sobre una concesión de casi 15 mil hectáreas, mientras que “Toro Rojo” incluye 9 mil hectáreas concesionadas hasta 2059, aseveró la investigadora.
Estas reflexiones se llevaron a cabo durante el seminario permanente de Ecología Política y Estudios Socioambientales, realizado el 13 de agosto de 2019 y coordinado por Elena Lazos Chavero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), Leticia Durand, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Fernanda Figueroa, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y Patricia Ávila, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
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Prestadora de servicio social en el Departamento de Difusión del IIS-UNAM
