Las desigualdades urbanas y el derecho a la ciudad

Publicado el 30 de septiembre de 2021 en Desacatos

En las dos últimas décadas del siglo XX el incremento de las distancias sociales fue tal que Jean-Paul Fitoussi y Pierre Rosanvallon (1997) acuñaron la idea de que estábamos en presencia de una nueva era: la era de la desigualdad. A las desigualdades estructurales resultantes de la segmentación de los mercados laborales y la asignación desigual de recompensas, se sumó la importancia de las desigualdades dinámicas, en tanto situaciones que dejaban de ser transitorias y representaban diferencias intracategoriales. El debilitamiento del modelo de trabajo asalariado, el incremento del desempleo, la precarización y los bajos salarios se consideran condiciones desventajosas, sobre todo para las mujeres, y a ello se suman las dificultades para acceder a los servicios de salud y la vivienda, los equipamientos públicos, el transporte o los servicios financieros que deben enfrentar en su vida cotidiana diferentes segmentos de la clase trabajadora. Esto llevó a poner el acento en las dimensiones no económicas de la desigualdad e incorporar a esta misma matriz conceptual la noción de exclusión social desarrollada también por la sociología francesa (Ziccardi, 2008). Más aún, en la actualidad la investigación social ha extendido el análisis a los procesos de discriminación institucional de que son objeto los sectores populares, procesos que refuerzan la segregación espacial y el confinamiento de aquellos grupos que se encuentran en situaciones particularmente desventajosas.

Pero conviene preguntarse desde un principio, puesto que éste ha sido uno de los temas centrales de las ciencias sociales y las humanidades a lo largo de su historia, ¿qué es la desigualdad?, ¿cuáles son sus causas, y sobre todo, sus efectos sobre la vida social? Desde una perspectiva económica que pone el énfasis en las desigualdades estructurales, Andrés Solimano (2000) ha señalado que la desigualdad, en tanto concepto relacional, indica las diferencias y la dispersión de una distribución, sea del ingreso, del consumo o de cualquier otro indicador de bienestar. En Latinoamérica, la desigualdad es histórica y estructural. Una de las principales interpretaciones ha sido formulada en extenso por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: “la desigualdad social está muy condicionada por la matriz productiva” (CEPAL, 2016: 18). De acuerdo con esta mirada, la estructura productiva heterogénea, con sectores con distintos niveles de productividad y alta segmentación del mercado de trabajo, sería el rasgo central para comprender los accesos diferenciales a paquetes de recompensas o para entender la distribución del ingreso.

Charles Tilly (2000) ofrece una definición conceptual en la que logra incluir sus principales aristas al decir que la desigualdad hace referencia al acceso diferencial a recursos materiales y simbólicos en una sociedad, a partir de “reglas”; involucra dominios institucionales —educativo, mercado laboral, familia, Estado—, y posee coordenadas temporales y espaciales. La explotación y el acaparamiento de oportunidades son los mecanismos fundamentales para la reproducción de las desigualdades, respecto del excedente y otras dimensiones (Pírez, 2014; Reygadas, 2008). La desigualdad, enfatiza Tilly, no es única ni nueva, sino que posee múltiples dimensiones superpuestas y es relacional.

La persistencia de las desigualdades comprende la articulación entre formas de coordinación social por medio del uso de categorías pares, como son las de género o etnia (Tilly, 2000). Esto implica reconocer distintas dimensiones de reproducción de las desigualdades. Luis Reygadas (2008) propone complementar las miradas estructurales con un nivel meso, centrado en las redes sociales, y un nivel individual. Esto lleva a reconocer que la desigualdad está sostenida en estructuras persistentes, de larga duración, que se reproducen; pero éstas no son
inmutables, sino que se construyen y se transforman como resultado de procesos en los que interviene la acción humana.

Sin embargo, para los fines de este trabajo interesa resaltar que la desigualdad también expresa las grandes diferencias territoriales que existen entre el campo y la ciudad, entre regiones ricas y pobres, entre las condiciones de vida de opulencia en la que viven las minoritarias clases altas y la miseria que deben soportar los sectores populares en sus ámbitos de trabajo y de vida (Reygadas y Ziccardi, 2010). La intensidad de los procesos de urbanización a escala planetaria ha llevado a observar las llamadas desigualdades urbanas como uno de los principales rasgos que signan la vida de las ciudades de la región latinoamericana y como un eje fundamental de análisis para discutir la persistencia de las desigualdades.

¿Qué son las desigualdades urbanas?

En este dossier se ha incorporado y analizado la dimensión urbana de la desigualdad en el entendido de que, en el territorio, el acceso y la calidad de los bienes y servicios urbanos, más que ser una expresión espacial de las desigualdades sociales, son procesos productores de nuevas desigualdades que amplifican las desigualdades estructurales y responden a una lógica institucional de naturaleza diferente. Es decir, las desigualdades urbanas están directamente relacionadas con la forma en la que las instituciones gubernamentales asumen su responsabilidad en la provisión y regulación de los principales componentes de la estructura urbana, al realizar inversiones públicas y asignar recursos a las políticas públicas sin que prevalezcan criterios de equidad que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la ciudad para el conjunto de la ciudadanía (Ziccardi, 2018a; 2018b; 2019).

Como se ha señalado, en el marco de la aplicación de políticas económicas neoliberales se han creado formas de gobernanza local asociativas entre las elites económicas, técnicas y políticas, las cuales han provocado profundas transformaciones en el espacio urbano, al promover grandes proyectos que han generado nuevos procesos de fragmentación urbana en la ciudad central, mercantilización de los servicios y el suelo, y nuevas lógicas de acumulación de capital (De Mattos, 2012). A ello se suma la producción masiva de viviendas de baja calidad en la periferia cada vez más lejana, que en algunos casos, como en México y Chile, ha sido financiada e incluso subsidiada por instituciones del sector público, lo cual agudiza las condiciones de segregación residencial en las que viven los sectores de menores ingresos (Ziccardi, 2015).

En este contexto, la Nueva Agenda Urbana, elaborada a partir de la III Reunión Internacional de Organización de las Naciones Unidas-Hábitat, realizada en Quito en 2016, pone particular atención a las desigualdades urbanas, dado que se trata de una cuestión relevante para comprender la dinámica actual de las ciudades, principalmente en las grandes regiones metropolitanas, y busca sus vínculos con el modelo de desarrollo, los procesos de industrialización y la segmentación de los mercados laborales.

De esta forma, para la investigación social, uno de los principales retos conceptuales y metodológicos es buscar las intersecciones o interdependencias (Braig, Costa y Göbel, 2015) entre desigualdades de clase, género, edad y origen étnico, y las que provienen del lugar de residencia, los procesos de accesibilidad y movilidad o el uso y apropiación del espacio urbano, entre la ciudad central consolidada y la periferia, entre zonas urbanas, barrios, pueblos y colonias. La idea que desarrollamos es que estos procesos urbanos, diferenciadores de la calidad de vida de la ciudadanía, amplifican las desigualdades estructurales y requieren nuevas perspectivas analíticas que profundicen en el comportamiento de actores y procesos comunes y particulares que resignifican la desigualdad.

En este sentido, los artículos contenidos en este dossier ofrecen aportes sustantivos para comprender la multiplicidad de causas y efectos que encierran las desigualdades urbanas en Latinoamérica. Son ejercicios que responden a particularidades temporales y espaciales de quienes habitan las ciudades y ofrecen miradas sobre la perspectiva relacional como una característica intrínseca de la desigualdad. En ellos prevalecen dos perspectivas de análisis: por un lado, las investigaciones que estudian la manera en la que las desigualdades urbanas están entrelazadas con las desigualdades de género, clase, identidad étnica y cultural, y por el otro, aquellas que abordan desde la dimensión territorial de la desigualdad los efectos amplificadores que generan las desigualdades estructurales en procesos tales como la gentrificación, el aislamiento y las dificultades de accesibilidad y movilidad que enfrentan las clases populares que habitan en las periferias, así como el acceso diferencial al uso y disfrute del espacio público y el patrimonio histórico, entre otras.

La producción de las desigualdades urbanas

Los mecanismos de producción y reproducción de desigualdades urbanas y sus expresiones locales en el marco de la sociedad global indican la persistencia y amplificación de las asimetrías que surgen y se traslapan en el espacio, las cuales acrecientan las desventajas económicas, sociales y culturales en las que se encuentran los sectores de menores ingresos. Sin duda, en ello incide la forma en la que se diseñan e implementan las políticas urbanas, que en el contexto de las políticas económicas neoliberales que han prevalecido en las últimas décadas en la región representan más los intereses empresariales que el interés de la ciudadanía por alcanzar una mejor calidad de vida. Parecería, entonces, que esto sólo encuentra freno en la apelación colectiva de los nuevos movimientos sociales que reivindican el derecho a la ciudad y han dado origen a formas participativas de gobernanza local protagonizadas por las organizaciones sociales, los académicos, técnicos y representantes de fuerzas políticas progresistas. Estas valiosas experiencias de corresponsabilidad, aunque puntuales y no generalizables, han contribuido a contrarrestar las grandes desigualdades urbanas que existen en las ciudades del siglo XXI (Ziccardi, 2018b; 2019). Dos modelos de ciudad coexisten de manera conflictiva en la actualidad: por un lado, el neoliberal, que actúa mediante la profundización de las inequidades en el acceso y la calidad de los bienes urbanos, y por el otro, el que reivindica el derecho y contribuye a contrarrestar las marcadas desigualdades urbanas que caracterizan a las ciudades del siglo XXI.

Esta compleja realidad urbana lleva a formular tres preguntas básicas: a) ¿es un rasgo actual de las grandes ciudades latinoamericanas el desarrollo de un tipo de estructura urbana caracterizada por intensos procesos de segregación residencial y fragmentación urbana?; b) ¿cuáles son los procesos de producción, los usos del espacio y los comportamientos de los principales actores que hacen que estas formas y estructuras sean generadoras de desigualdades urbanas?, y c) ¿cuáles son los efectos diferenciales que tienen sobre los habitantes de estas ciudades su vivienda y el acceso a los bienes y servicios urbanos según su localización en un barrio, colonia o pueblo? En relación con la primera pregunta, debe decirse que las categorías centro y periferia, en tanto categorías analíticas socioespaciales, han sido importantes para describir un modelo de ciudad caracterizado por una división social del espacio a gran escala, en un contexto en el que primaba un modelo de desarrollo asociado a la industrialización. Las áreas para los sectores populares, que acumulaban diferentes desventajas sociales, se extendían de manera homogénea y establecían un paisaje urbano segregado y diferenciador (Ziccardi, 2012). Pero en las últimas décadas, distintos procesos han modificado la imagen estable de la ciudad y han resaltado su complejidad, la expansión territorial hacia periferias cada vez más lejanas, el debilitamiento de la frontera rural-urbana, la escala regional de la forma urbana y la gestión multinivel, todo lo cual ha dado lugar a que se introduzca el concepto de “grandes regiones metropolitanas” (Aguilar, 2004; Ascher, 2012; Sassen, 2007; Borja y Castells, 2006; Ziccardi, 2016a).

Uno de los principales rasgos de estas nuevas formas urbanas es la segregación geográfica o social, situaciones que deben abordarse en la investigación de manera interrelacionada (Segura, 2012). Rubén Kaztman (2001) avanza en este sentido al sostener que la segregación residencial refiere al proceso por el cual la población de las ciudades se localiza cada vez más en espacios de composición social homogénea, mientras que los factores que subyacen en estos procesos han sido los siguientes: el grado de urbanización y la urbanización de la pobreza, el grado de concentración de la distribución del ingreso, las características de la estructura de distancias sociales propias de cada sociedad y la homogeneidad o heterogeneidad de la composición étnica, religiosa o por origen nacional de la población de las ciudades. También la relación entre desigualdades sociales y segregación residencial está atravesada por el papel que desempeña el funcionamiento de los mercados de suelo, un factor objetivo complementario a la construcción de identidades sociales (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001). Pero, como señala Ramiro Segura (2014), la segregación no se reduce a un factor económico, pues no se puede desconocer la habitual racialización tanto de los espacios residenciales de los sectores populares como de las relaciones de clase. El desafío para los procesos políticos de la región en pos de una reducción de las desigualdades sociales consiste en tener presente, además de los ingresos, la configuración urbana: usos de suelo, distribución de bienes y servicios, accesibilidad y movilidad. Debemos comprender que la estructura urbana no sólo es producto de los procesos sociales, sino también, en tanto espacio socialmente producido, un factor clave en su reproducción y transformación.

En los artículos publicados en este dossier se abordan nuevas problemáticas vinculadas a diferentes procesos productores de desigualdades urbanas y se busca su interseccionalidad con las desigualdades económicas, sociales, étnicas y culturales. Así lo expresa Friederike Fleischer al estudiar el caso de Bogotá, la capital de Colombia, una ciudad con más de ocho millones de habitantes, considerada una de las más segregadas de la región, en la que las desigualdades urbanas no sólo denotan procesos de exclusión social que afectan a determinados grupos por su origen étnico y socioeconómico, sino también procesos vinculados a los usos y funciones del suelo de la ciudad.

La segunda pregunta se relaciona con procesos centrales para la configuración de la forma y la estructura del espacio urbano, asociados al funcionamiento y características de los mercados de suelo y el acceso a los bienes y servicios de la ciudad. En el caso de Latinoamérica se advierte una clara asimetría entre los actores que participan en la producción del espacio urbano y el papel que juega lo urbano en el proceso de acumulación de capital (Abramo, 2011).

Los estudios urbanos han señalado tempranamente que existen tres lógicas principales en la producción de suelo: la mercantil, la del Estado y la social. Pero uno de los rasgos sustantivos en las últimas décadas es la mercantilización como lógica transversal, tanto de las políticas del Estado respecto de la vivienda, como de los sectores urbanos populares (Pírez, 2014). En este sentido, las políticas de vivienda han dejado de ser una parte sustantiva de las políticas sociales para estar directamente asociadas a las políticas económicas neoliberales. Este predominio de criterios financieros en la producción de vivienda social, en lugar de concebirla desde una perspectiva de los derechos humanos consagrados en los marcos legales vigentes de los países de la región, ha desvirtuado el carácter de política social que caracterizaba a las políticas de vivienda (Ziccardi, 2015; 2019).

Los procesos de gentrificación también pueden ser resultado de la estrategia de actores económicos e inmobiliarios que actúan en la ciudad construida, dependiendo del tipo de área: áreas centrales o históricas, o de residencia original de familias de trabajadores de bajos recursos. Sus efectos involucran el desplazamiento de los residentes originales de bajos ingresos por otros de mayores ingresos, lo cual encierra elementos simbólicos en torno a las dinámicas de inclusión/exclusión sobre los usos legítimos de estos espacios materiales, políticos y psicológicos (Janoschka, 2002).

En esta línea el trabajo, Mirtha Lorena del Castillo analiza los procesos de gentrificación en Lima a partir del caso del Parque Castilla, uno de los más grandes de las áreas centrales de esa ciudad. Lo importante es que no se trata exclusivamente de un proceso de expulsión residencial, sino de la captura y resignificación del espacio público que llevan a cabo algunos grupos sociales con mayor poder adquisitivo, lo que se traduce en el desplazamiento de sus usuarios originales. Del Castillo aborda en específico las luchas entre los nuevos residentes y los residentes tradicionales por el control del espacio público en las áreas centrales de esta ciudad capital, lo cual evidencia la conflictividad que generan estos procesos de renovación urbana.

Finalmente, la tercera pregunta se relaciona con los efectos que tienen sobre el microespacio las condiciones de vida diferenciales que ofrecen el barrio, el fraccionamiento, la colonia o el pueblo en el que se habita (Sampson, 2011). Así, existen diferentes áreas de la ciudad habitadas por sectores sociales con distintos niveles socioeconómicos. Por un lado, para las clases populares, existen espacios degradados, localizados en zonas centrales, o bien fraccionamientos populares masivos, precarios o deteriorados, en los que se enfrentan todo tipo de dificultades para acceder a una vivienda y a los servicios básicos, y en los que existen elevados niveles de inseguridad y formas de violencia —principalmente hacia las mujeres—, elevados índices de deserción escolar y formas de estigmatización territorial. Por otro lado, en las ciudades hay una oferta de vivienda unifamiliar o multifamiliar para las clases medias, en localizaciones cercanas a la ciudad central, y barrios exclusivos para las elites que buscan seguridad, un medio ambiente adecuado y códigos de vida compartidos; esto, en las últimas décadas, ha dado origen a los llamados barrios cerrados en varias ciudades latinoamericanas. Así, las ciudades están marcadas por procesos de fragmentación urbana y segmentación social.

En este contexto, y en una búsqueda por analizar las geografías de las desigualdades urbanas, Friederike Fleisher señala dos tipos de asimetrías urbanas que se entrecruzan: el centro de la ciudad, que se privilegia sobre la periferia, y la condición de residentes, que se privilegia sobre la de transeúnte o trabajador. Esta situación se analiza a partir de las condiciones de trabajo y movilidad de las trabajadoras domésticas en Bogotá, quienes muchas veces deben aceptar el aislamiento en el medio laboral y una movilidad precaria en medios de transporte público de alto precio y baja calidad. El análisis del aislamiento en el que viven las trabajadoras domésticas no sólo implica la precarización de las condiciones de trabajo, sino los efectos que generan las condiciones de desigualdad urbana en el acceso a servicios urbanos como el transporte.

La precariedad en el mercado de trabajo urbano para las mujeres de las clases populares es analizado desde una perspectiva innovadora por Yutzil Tania Cadena Pedraza, quien hace referencia a las desigualdades sociales y urbanas en la Ciudad de México. Al poner énfasis en la precariedad, su análisis se vuelca tanto hacia la vida cotidiana de este sector de mujeres, como hacia los procesos estructurales subyacentes, los cuales le permiten diferenciar y jerarquizar lo económico y lo social. El comercio ambulante o comercio popular de calle, como también se designa, es una de las principales formas de empleo femenino en las ciudades latinoamericanas. Esta opción, sin embargo, es una forma precaria de ejercer el derecho al trabajo, en la medida en que se trata de un trabajo no protegido, carente de ingresos estables y seguridad social. Al ejercerse en la calle, principal componente del espacio público, este tipo de comercio permite obtener una remuneración que con frecuencia es el principal sustento de muchas personas y familias que viven en la capital del país. En este estudio se advierte claramente la interseccionalidad de las desigualdades socioeconómicas, de género, étnicas y urbanas, cuya inequidad deben enfrentar estas mujeres al incursionar en este segmento del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, Cadena Pedraza aborda otro aspecto original: el de las representaciones colectivas que se han construido socialmente sobre esta clase de trabajo y que están en la base de las prácticas discriminatorias y de exclusión social de las que son objeto las mujeres, e incluso persisten en el diseño de las políticas públicas laborales y urbanas. Al no considerarse digno, el trabajo de calle se confronta con el derecho a la ciudad, en una tensión que adquiere diferente intensidad según el valor económico y social que se asigne a determinado espacio urbano. Además de ser una forma tradicional de transmisión de saberes populares de generación en generación, el comercio informal acualmente actúa también por medio del espacio virtual, en el cual se forman grupos de intercambios a partir del uso de las redes sociales, aun cuando la entrega se concreta en el espacio público. Por ello, esta forma de comprender la precarización del trabajo femenino, desde lo laboral y a la vez desde lo urbano, pone de manifiesto la falta de legitimación social que tiene este tipo de trabajo.
En estas reflexiones, las desigualdades urbanas y los procesos de segregación se analizan a partir de sus componentes materiales y simbólicos, históricamente producidos y social y territorialmente contextualizados. Se trata de un esfuerzo de conceptualización de la desigualdad urbana como un fenómeno socioeconómico territorial y cultural, como un fenómeno socialmente producido que tiene manifestaciones y articulaciones espaciales, y a su vez es promovido por la forma y la estructura del espacio.

La ciudad como objeto de disputa y el derecho a la ciudad

Las disputas por la ciudad se sitúan en un complejo entramado de relaciones institucionales y cambios estructurales que requieren especial atención. Los conflictos, en sus distintas escalas y manifestaciones, son un elemento central de los procesos urbanos (Cravino, 2017) y pueden tener distintos efectos en dimensiones territoriales, jurídicas y políticas (Melé, 2016).

En la actualidad, las principales demandas de quienes habitan en la ciudad central no son sólo la vivienda y los servicios urbanos, sino la reivindicación del espacio público, la seguridad, el medio ambiente saludable, los consumos culturales y los reclamos identitarios. Surgen movimientos sociales de naturaleza diferente, movimientos de indignados, movimientos virtuales y presenciales, que luchan contra los efectos de políticas neoliberales que generan pérdidas de derechos, precariedad en el empleo y mayores riesgos sociales, y para enfrentar estas situaciones apelan y resignifican el derecho a la ciudad (Harvey, 2013; Castells, 2014).

Como señala Bryan R. Roberts (2011), los mecanismos de cohesión social han cambiado y hoy se advierte la erosión de los lazos de solidaridad, con su expresión en la desconfianza en el Estado y en las instituciones básicas de la sociedad. A ello se agrega que en algunos países de la región la presencia del crimen organizado, vinculado al tráfico y consumo de drogas, ha producido situaciones inéditas de inseguridad y violencia urbanas.

Frente a ello, se advierte una disminución de la capacidad organizativa de la población, y como advierte Del Castillo en este dossier, mientras las plazas y los parques antes eran entendidos como espacios de encuentro y sociabilidad, ahora están sujetos a procesos excluyentes, producto de las inequidades y las grandes diferencias sociales que existen entre los distintos grupos al momento de acceder al uso y disfrute de estos espacios. Más aún, el espacio público se convierte en un lugar controlado y restringido para ciertos usos y usuarios considerados molestos por los grupos sociales dominantes. Son espacios en disputa, y emergen grupos cívicos que reivindican su derecho a utilizarlos para múltiples actividades, que van desde la recreación activa hasta la acción política, y con su acción colectiva reclaman el derecho a la ciudad. Se trata de apelaciones colectivas que ponen en evidencia las profundas desigualdades urbanas en el acceso y uso del espacio público, que afectan la cohesión social y la vida comunitaria.

Pero entre unos y otros procesos pueden observarse formas de gobernanza colaborativas en el ámbito local; aunque son experiencias puntuales, expresan los vínculos que han construido los movimientos y las asociaciones sociales con técnicos, representantes políticos progresistas y académicos con compromiso social. Si bien encuentran muchos obstáculos para replicarse, lo importante de estas experiencias es que han señalado una ruta para contrarrestar los efectos más negativos del modelo de ciudad neoliberal y excluyente (Ziccardi, 2018b).
En el caso del parque de Lima analizado por Del Castillo, se indica que el espacio público fue efectivamente resignificado según las diferentes preferencias de los sectores sociales que lo usan. Pero lo importante es que allí surgen nuevas formas de organización política que exigen un entendimiento más democrático del espacio urbano. Sus reivindicaciones giran en torno a tres ideas principales: la necesidad de recuperar el espacio público para las actividades de la vida cotidiana, la demanda de construir una democracia local más participativa y el derecho a participar en las políticas y los programas de planificación urbana.

Desde otra perspectiva, David Navarrete Escobedo analiza las situaciones de conflictividad que se han generado en torno al centro histórico de San Miguel de Allende, en México, y pone en evidencia que el discurso central de las políticas culturales y de planificación urbana representan los intereses de las elites políticas y económicas locales, que buscan difundir la imagen de una ciudad culta, con un importante patrimonio cultural y un gran valor histórico; una ciudad con tradiciones profundamente arraigadas e inamovibles, así como profundamente religiosa. En este modelo de ciudad es difícil que el centro histórico sea un espacio social y territorial reservado para el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales propias de los sectores populares, es decir, que se les permita a estos sectores hacer efectivo el derecho a la ciudad. Por el contrario, parece claro que más bien se han creado condiciones urbanas que amplifican las desigualdades estructurales y generan conflictividad social.

Así, se dan nuevas formas de ciudadanía diferenciadas en los centros históricos, cuyo patrimonio histórico aparece como el detonante favorito de las políticas culturales neoliberales para atraer turismo, generar divisas y atender el desarrollo simbólico de la sociedad al promover un desarrollo cultural para públicos privilegiados. La implementación y desarrollo de las políticas culturales neoliberales ha permitido que se integren de forma casi natural a los instrumentos de planificación urbana. De hecho, las políticas culturales se conciben como políticas transversales y responden simultáneamente a ámbitos económicos, sociales, identitarios, urbanísticos y políticos de los grupos de poder.

Navarrete Escobedo concluye que las políticas culturales se han servido del discurso multiculturalista para validarse políticamente, al recurrir a las nociones clave de diversidad, identidad, diferencia y reconocimiento entre culturas; pero también ese discurso ha anulado el conflicto y eliminado la responsabilidad del Estado para atender las necesidades culturales del conjunto de grupos sociales, al hacer que parezca que las desigualdades son inevitables.

Frente a ello, sólo las organizaciones de la sociedad civil, los representantes de la academia y grupos progresistas de las instituciones del Estado han desarrollado experiencias basadas en la inclusión de la ciudadanía y el ejercicio del derecho a los centros históricos como un componente central del derecho a la ciudad (Ziccardi, 2016a; Cortés, 2016). Cabe señalar, entonces, que los artículos que conforman este dossier ofrecen un conjunto de reflexiones y estudios de caso en los que se abordan temáticas originales que enriquecen las visiones que se han desarrollado en las últimas décadas en torno a las grandes desigualdades que signan a nuestras sociedades y ciudades. Incorporar la dimensión urbana de la desigualdad y buscar sus interrelaciones con las desigualdades estructurales, así como con las de origen étnico y cultural, permite avanzar en la comprensión de los complejos procesos que amplifican las inequidades entre grupos sociales y que exigen una acción pública gubernamental para contrarrestarlas, a fin de lograr una mayor cohesión social y una mejor convivencia ciudadana.

Bibliografía

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Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Manuel Dammert
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