Para evitar la regulación, las industrias alimentarias financian y presionan a políticos y científicos

Fotografía: Lynne Hand

Se requieren políticas integrales para impulsar la creación de sistemas alimentarios saludables, sustentables y justos


La obesidad es una epidemia presente en el 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes, un total de 60.6 millones de mexicanos que sufren esta enfermedad, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. En este contexto, en noviembre de 2016 la Secretaría de Salud emitió alertas epidemiológicas para todo el territorio nacional, ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad y diabetes mellitus, convirtiendo a México en el primer país del mundo en decretar emergencias epidemiológicas por enfermedades no transmisibles, afirmó Alejandro Calvillo, director de la asociación civil El Poder del Consumidor.

Existe una relación directa entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el incremento en el índice de masa corporal. Desde hace dos décadas, la alimentación se ha convertido en una mercancía bajo el control de pocos grupos corporativos que no buscan alimentar a las personas, sino aumentar el consumo de sus productos, para lo cual diseñan alimentos ultraprocesados que son casi adictivos, señaló el investigador.

Medidas para frenar la epidemia

Para enfrentar la emergencia de salud pública, se deben implementar medidas que busquen intervenir el actual ambiente obesigénico, como la implementación de un etiquetado frontal de fácil comprensión, el acceso gratuito a agua de calidad para beber, el gravamen de alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas, y el incentivo fiscal a la producción local de alimentos frescos y saludables, expresó el sociólogo.

Se requieren políticas integrales para impulsar la creación de sistemas alimentarios saludables, sustentables y justos. Sin embargo, la implementación de estas medidas son contrarias a los intereses de las grandes industrias alimentarias, afirmó Alejandro Calvillo.

Estrategias de la industria para evitar la regulación

Cuando hay necesidad de regular productos que tienen efectos nocivos en los consumidores, las industrias implementan estrategias basadas en el “secuestro de la ciencia”, el “secuestro de la política pública” y el “secuestro de la ideología”, según la clasificación de Nicholas Freudenberg, profesor de salud pública.

El secuestro de la ciencia consiste en generar dudas sobre los conocimientos científicos establecidos. En el caso de los alimentos ultraprocesados, las industrias pagan la elaboración de estudios favorables e implementan otras prácticas, como el cuestionamiento de la credibilidad de investigadores, el ocultamiento de datos, el seguimiento de investigadores y el financiamiento de organizaciones de investigación, afirmó Calvillo.

Mediante el secuestro de la política, las compañías alimentarias intervienen en el ámbito legislativo, para lo cual contratan organizaciones profesionales para promover sus intereses, crean y financian grupos que afirman ser ciudadanos, se reúnen en secreto con tomadores de decisión y utilizan métodos no lícitos para obtener información para desacreditar a quienes se oponen a sus intereses, señaló el investigador.

El secuestro de la ideología se refiere a difundir en la opinión pública la noción de que el problema de alimentación es una cuestión que sólo le atañe al individuo y que el único actor que debe resolverlo es el mercado. Para expandir esta idea, las compañías generan campañas publicitarias, patrocinan eventos académicos y promueven la participación de las corporaciones en los procesos de elaboración de políticas públicas, expresó Calvillo.

Para evitar estos secuestros, se debe exigir la divulgación de las reuniones de legisladores y jueces con grupos de interés privado. Asimismo, se tiene que dar a conocer las aportaciones de dichos grupos a campañas políticas y establecer topes para estas aportaciones, señaló el sociólogo, y agregó que, es necesario crear grupos y consejos consultivos independientes que vigilen los conflictos de interés entre el poder público y las corporaciones.

La conferencia de Alejandro Calvillo se llevó a cabo el 22 de marzo de 2019 en el marco del seminario Cultura y Representaciones Sociales, coordinado por Gilberto Giménez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Jorge A. González y Tommaso Gravante, investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.


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