Leyes ambientales ¿para el bien común o paraíso de los grandes contaminadores?

Fotografía: Anwar Vazquez

La definición del interés público de los recursos naturales debe recaer en la ciudadanía


La participación académica y ciudadana en la formulación y seguimiento de las leyes mexicanas, es fundamental para la protección del entorno en miras del derecho humano a un ambiente sano, la conservación de los ecosistemas y la calidad de vida. Esta es la dirección que sigue la iniciativa para conformar un observatorio académico sobre sociedad y medio ambiente, que busca unificar esfuerzos ciudadanos-académicos, así como dar a conocer los distintos problemas ambientales que afectan al país, expresó Leticia Merino, investigadora del Instituto de investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y promotora de dicho observatorio.

Políticas diseñadas para el mercado

Uno de los propósitos de la Ley de Aguas Nacionales es crear el mercado del agua, pues actualmente las concesiones se otorgan como objetos de compraventa y no como un permiso temporal que otorga el Estado, afirmó Elena Burns, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, y agregó que, lo mismo pasa en otros sectores como la minería, que requiere una transformación legal, pues se ha mantenido una actitud colonizadora en la explotación que genera un fuerte impacto al medio ambiente que sufren, principalmente, las comunidades cercanas.

“Las leyes ambientales también deben analizarse a la luz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, ya que las modificaciones que se hicieron para favorecer las inversiones extranjeras, crearon el “paraíso de los grandes contaminadores”, agregó Omar Arellano, académico en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

“El despojo, la contaminación y el daño ocasionado a las comunidades derivan de dichas modificaciones, por lo que es imprescindible que ahora, las leyes y políticas ambientales se hagan basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030”, expresó Arellano.

Ventanas de oportunidad

“Las leyes son perfectibles, modificables y hay que darles el tiempo necesario para la implementación”, comentó la diputada Silvia Garza, y agregó que, las decisiones deben tomarse de forma transversal a partir del diálogo con todos los actores involucrados, así se construirá una ley que “le sirva a los mexicanos y mexicanas, pero también proteja, conserve y sea sustentable para el capital natural que tenemos”.

Al garantizar la protección de los recursos naturales, ganamos terreno en la defensa de los derechos humanos, puesto que “la vida se sustenta en tres grandes columnas interrelacionadas: agua limpia, aire limpio y suelo fértil”, concluyó la diputada.

Por su parte, Leticia Merino, explicó que en México, las leyes se gestan desde una, ya normalizada, desigualdad brutal, en consecuencia “existe una emergencia de activismo social y académico, todavía incipiente frente a los grandes poderes”.

“Como ciudadanía es nuestra tarea definir temas como el bien público y el interés público de los recursos”, dado que en la legislatura se aborda de forma escueta, permitiendo a las grandes empresas “tratar el territorio a su gusto y definir, desde sus intereses, lo que se entiende por bien público”, refirió la investigadora. Asimismo, reconoció algunas ventanas de oportunidad, como el aprovechamiento en la coyuntura de la Cuarta Transformación (para abordar el tema desde un enfoque de corrupción), y trabajar con el poder judicial, pues, muchas veces, “los jueces toman decisiones desde un gran desconocimiento y prejuicio”.

Estas reflexiones se llevaron a cabo durante un conversatorio organizado dentro del Observatorio del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, coordinado por Leticia Merino, que se realizó el 4 de junio de 2019 en el Auditorio del IIS-UNAM.


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