Moral, diferencia entre crimen organizado y narcotráfico en Michoacán

por María del Mar Diego Fernández González Luna · 24 septiembre, 2019

El 29 de junio de 2018, la comunidad indígena de Santa María Ostula, en la Sierra-Costa michoacana, celebró el noveno aniversario de la fundación de Xayakalan, un pueblo de lucha. Fotografía: Dante A. Saucedo y Regina López/ Subversiones

Los grupos de autodefensa son una iniciativa comunitaria frente a la cartelización de la sierra-costa en Michoacán

En 2017 la investigadora Irene Álvarez Rodríguez fue contratada para formar parte de un proyecto colectivo sobre la respuesta ciudadana a la violencia y la fragilidad institucional. El grupo de nueve investigadores del proyecto decidió estudiar Michoacán, uno de los estados centrales en la guerra contra las drogas y la política de militarización de la seguridad interna en México. Durante seis meses Álvarez Rodríguez vivió en Costa Sierra, una región caracterizada por sus problemas de integración con el Estado, además de haber tenido problemas con organizaciones criminales.

La respuesta de esta población ante la violencia fue crear cuerpos de autodefensas, comités de seguridad donde se tomaban decisiones a nivel colectivo sobre temas de seguridad comunitaria, explicó la académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y agregó que, una de las primeras cosas que hay que aclarar cuando se habla de la guerra contra las drogas, es entender que es una guerra por motivos económicos, no ideológicos.

Los actores que están en pugna porque están tratando de maximizar ganancias, señaló la investigadora, y reiteró que, el crimen organizado es una red de complicidades entre el Estado y criminales, por lo que se puede hablar de criminales públicos (estatales) y criminales privados.

¿De dónde viene el crimen organizado?

Existe una postura que explica que lo que llamamos crimen organizado es en realidad un efecto del Estado creado por las reformas neoliberales que generaron zonas límites al margen del Estado. Se producen territorios que dejan de ser atendidos y los actores que viven en zonas rurales empiezan a tratar de insertarse en la economía nacional a partir de esta mercadería ilícita, comentó la investigadora.

En el caso michoacano, hablar de crimen organizado y tráfico de drogas no son equivalentes. Desde el ámbito legal podrían parecer la misma cosa, pero desde la perspectiva de la moral comunitaria de lo local, generada desde un contexto situado, en realidad la distinción refiere a una transgresión de orden moral, explicó la académica.

Entender la diferencia

Después de platicar con la gente de la zona, la investigadora entendió la diferencia entre estos dos conceptos, cuando ellos hablaban de narcotráfico se referían a un orden en donde la población había tenido un contacto constante con estos actores. Antes del proceso de cartelización y del monopolio sobre la producción de drogas, existían territorios rurales donde los campesinos producían estas substancias que eran compradas por miembros de su comunidad que se encargaban de venderlas a otros mediadores que podían formar parte de organizaciones criminales más grandes.

En esa época existían ciertas normas o maneras en las que se desenvolvían estos actores, regularmente contrataban a población local para que trabajaran en la producción, en algunas ocasiones intervenían mucho más en la población estableciendo relaciones de reciprocidad, había una especie de limpieza moral del dinero que se producía de manera ilegal pero invertido en algo bueno para la comunidad, declaró la investigadora.

Esta relación empieza a tornarse menos estable cuando comienzan a aparecer los cárteles que comienzan a monopolizar el territorio y la producción. Estas organizaciones crean también alianzas con otras empresas criminales para bloquear ciertos territorios a otros competidores. Cuando se intensifica el fenómeno de la cartelización en Michoacán, desde la lógica de los municipios del sur, lo leen como un fenómeno muy diferente a la relación previa con el narcotráfico, ya que estas nuevas “empresas” no son miembros ni emplean a la comunidad, y en el contexto de la militarización, estas organizaciones comienzan a extorsionar con el fin de mantener sus operaciones dentro del marco de la guerra, explicó la académica.

Estas actividades del crimen organizado generan la indignación de la población que ya no ve ningún beneficio de la presencia de estos actores, considerando que sólo es extracción sin dar nada a cambio. En este contexto surge el movimiento de los autodefensas, una iniciativa de la comunidad para defenderse del crimen organizado, expresó la investigadora, y agregó que, a través del trabajo de estos grupos se va generando una región libre de carteles, donde los grupos de autodefensas se encargan de patrullar el territorio, realizar retenes, entre otras actividades.

Estas reflexiones se dieron en el marco del seminario “Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea”, coordinado por Hugo José Suárez y Karina Bárcenas Barajas, investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) y Cecilia Delgado, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La actividad se llevó acabo el día 13 de septiembre de 2019 en el Anexo del Auditorio del IIS-UNAM.

Fotografías del evento