Migrantes y refugiados en el corredor Centroamérica-México-EEUU
Al lado de otros grupos vulnerables, como pueden ser las personas en situación de calle, los trabajadores ambulantes del comercio informal, los repartidores de mercancías y alimentos, la población migrante y refugiada es una de las más propensas a contagiarse de COVID-19, dadas las medidas de cierre fronterizo que han sido tomadas por los estados en la región, y las condiciones en los espacios de confinamiento.
En el corredor migratorio que conecta a los países centroamericanos con México y con Estados Unidos, desde luego uno de los más transitados en el mundo, el escenario prepandémico ya de por sí era de restricciones y contención migratoria. Los años 2018-2019 fueron en particular años sumamente delicados para las personas que llegaron a la frontera norte de México para solicitar asilo en EEUU, en caravanas o en grupos menores. Dada la implementación de mecanismos como el Plan Quédate en México, más de 60 mil personas hoy esperan por sus resoluciones de asilo en México. Por otro lado, las personas que se arriesgaron a cruzar la frontera irregularmente, fueron aprehendidas y deportadas masivamente. Solamente en el año fiscal 2019, la Patrulla Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés), aprehendió a más de 800 mil personas, entre ellas cerca de 250 mil hondureñas y de 260 mil guatemaltecas. En efecto, la industria securitista de la migración es flamante e involucra no solo a los agentes estatales, sino también a empresas contratistas y subcontratistas para hacer operar a centenas de centros de detención privados.
Una vez decretada la pandemia, las fronteras regionales fueron cerrándose. Honduras cerró sus fronteras el 17 de marzo, seguida de EEUU el 20 de marzo. Luego, Guatemala y El Salvador harían lo mismo el 22 de marzo. En Estados Unidos, a partir de una regulación de emergencia emitida el día 24 del mismo mes, amparada en una Ley de Servicio a la Salud Pública datada de 1944, se ha suspendido la entrada de personas que puedan representar un riesgo serio al introducir el coronavirus al país. Es con base en lo anterior, que la administración Trump ha podido tomar medidas excepcionales para impedir el ingreso de migrantes y solicitantes de asilo a su territorio.
La primera de ellas tiene que ver con la suspensión del derecho al asilo. Se dice que el sistema de asilo estadounidense se viene desmantelando de poco a poco, de manera más agresiva en el último par de años. Pero el cierre fronterizo implicó la suspensión misma de las presentaciones y del seguimiento a las solicitudes de asilo en la frontera México-EEUU. Si antes de la pandemia, la espera para presentar y dar seguimiento a sus trámites solía durar algunos meses, ahora los solicitantes de asilo, en especial las familias centroamericanas con niños, niñas y adolescentes, han quedado varadas en la frontera; se sienten olvidadas y además no tienen la cobertura a sus necesidades básicas de protección internacional, como pueden ser seguridad, vivienda y alimentación.
Aunado a lo anterior, hemos podido acompañar como la administración Trump ha desatado las deportaciones express. De fines de marzo al 30 septiembre de 2020, más de 197 mil personas fueron deportadas, muchas durante la madrugada, en trámites que duran en promedio solo 96 minutos. Del lado mexicano, las personas deportadas son recibidas muchas veces sin que se tomen en cuenta las medidas sanitarias necesarias.En Centroamérica, Honduras sigue recibiendo vuelos de deportación desde Estados Unidos en la pandemia; lo mismo para El Salvador. Guatemalaa principio suspendió los acuerdos con EEUU, pero luego de una amenaza de eliminación de las visas de turista para guatemaltecos, los vuelos fueron reanudados.
Resulta bastante aclarador sobre el funcionamiento de la frontera, el hecho de que los cruces desde México por los puertos fronterizos solamente sean posibles para los trabajadores migrantes insertados en “actividades esenciales”, como por ejemplo, las vinculadas a la alimentación y a la salud. Esos son sectores en los cuáles la mano de obra migrante es fundamental en Estados Unidos. Aun siendo considerados esenciales, los jornaleros agrícolas siguen sin las condiciones sanitarias y arriesgan su salud. Es una buena comprobación empírica de que la frontera es selectiva.
Lo mismo para los repartidores de alimentos y mercancías en las grandes ciudades. En la ciudad de Nueva York, según datos sistematizados por el proyecto “(In)movilidad en las Américas y COVID-19” (https://www.inmovilidadamericas.org/), del total de personas indocumentadas, 47.1% no cuentan con seguro médico; en las viviendas de población indocumentada, el 21.5% vive en condiciones de hacinamiento y el 13.9% en condiciones de sobrehacinamiento (más de 1.5 persona por recámara), lo que dificulta las medidas de sana distancia.
Otro aspecto que impacta directamente en el cotidiano de esa población, en Estados Unidos, pero también en México y Centroamérica, es la asociación que se hace entre migrantes & virus. Como si no bastaran los estigmas en su contra que parten del discurso y de los tweets de Trump y del mismo ciudadano de a pie (“delincuentes”, “violadores”, “narcotraficantes”), los migrantes ahora son vistos como agentes patógenos en sí mismos. En un texto publicado a inicios de la pandemia, Sandro Mezzadra y Maurice Stierl alertan para la confusión entre una población en risco y el risco mismo (https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/what-happens-freedom-movement-during-pandemic/).
Como población vulnerabilizada, es importante también dar parte de los espacios de confinamiento los que han estado habitando. El 01 de abril de 2020, en un comunicado conjunto, ACNUR, OIM, OACNUDH y OMS afirmaron que “la situación de las personas refugiadas y migrantes que se encuentran en lugares de detención formales e informales, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, es particularmente preocupante. Considerando las letales consecuencias que un brote de COVID-19 tendría, deberían ser liberadas sin demora. Niños y niñas migrantes y sus familias y aquellas detenidas sin bases legales suficientes deberían ser inmediatamente liberadas” (http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1397:los-derechos-a-la-salud-de-las-personas-refugiadas-migrantes-y-apatridas-deben-ser-protegidos-en-la-respuesta-ante-covid-19-comunicado-conjunto-de-acnur-oim-onu-dh-y-oms&Itemid=266).
En México, la situación en las estaciones migratorias ya venía siendo denunciada a través del trabajo de monitoreo de organizaciones de la sociedad civil. Condiciones impropias para mamás embarazadas y con hijos, colchones sucios, problemas cutáneos, alimentos inapropiados para el consumo, fueron algunos de los hallazgos puestos bajo la luz. En el contexto de una pandemia, es evidente que los riesgos de contagio se tornan más altos. Por lo mismo es que las protestas y los motines no se hicieron esperar. Primero en Chiapas, luego en Tabasco (donde falleció el migrante guatemalteco Rolando Barrientos), Sonora y Coahuila. El 26 de abril, ante la presión social, el Instituto Nacional de Migración de México anunció se liberaría a la casi totalidad de migrantes detenidos en las estaciones migratorias, algo cuya consecución no está del todo clara.
En los centros de detención migratorios de Estados Unidos, de febrero a agosto de 2020, hubo al menos 5 300 migrantes infectados por COVID-19 (https://www.ice.gov/coronavirus). Una de las instalaciones con más casos de contagio es el Centro de Detención de Otay Mesa, en la frontera con Tijuana, donde dio inicio una huelga de hambre por parte de un grupo de migrantes y desde donde se hizo eco la campaña #FreeThemAll en las redes sociales.
Otro espacio de confinamiento, aunque abierto, han sido las ciudades fronterizas, al sur y al norte de México. Tapachula, por ejemplo, ha sido considerada una “ciudad-cárcel”, donde migrantes y refugiados regionales, extrarregionales y transcontinentales, muchos de ellos potenciales solicitantes de asilo en Estados Unidos, le juegan a la espera de la reapertura de las fronteras. En Matamoros, a las orillas del Río Grande, opera el mayor campamento de refugiados de México, con cerca de dos mil personas. En ese espacio a cielo abierto, las condiciones de salubridad escasean.
La “nueva normalidad” tiene costos muy altos para todas las personas en situación de movilidad. El asentamiento forzado en México para todas aquellas que se encontraban en tránsito, implicó el replanteamiento total del proyecto migratorio. En todo caso, las apuestas en el mediano plazo se resumen al fin del confinamiento, al término de las inmovilidades forzadas causadas por la pandemia de COVID-19. Otras apuestas, aunque tímidas por el momento, están colocadas sobre Biden & Harris, a que reviertan los mecanismos de espera implementados por Barack Obama e intensificados por la administración Trump, para limitar el número de solicitantes de asilo. En la frontera, con todo y pandemia, hay esperanza en la espera.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
