Gestión desbordada: solicitudes de asilo en Estados Unidos y los mecanismos de espera allende sus fronteras

Publicado en Migraciones Internacionales (Vol. 13 2022: enero-diciembre) por Bruno Miranda y Aída Silva Hernández

Fotografía: Bruno Miranda

A partir de la década de los noventa, el tránsito por México de centroamericanos provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador con destino a Estados Unidos ha sido cada vez más evidente. Aquel paso usual de centroamericanos adquirió un tono más contundente a finales de 2018 con el fenómeno de las caravanas.Adicionalmente, desde mediados de la última década, el sistema migratorio regional que conecta a Centroamérica con México, Estados Unidos y Canadá ha pasado por cambios, resultando en una mayor diversidad tanto de las poblaciones que cruzan el territorio mexicano como de los itinerarios y de las modalidades mismas del tránsito. En este paso participan personas haitianas, que en su mayoría provienen de países sudamericanos como Brasil y Chile, donde residían luego del terremoto de 2010 en Haití.

La forma de gestión de los solicitantes de asilo en la frontera México-Estados Unidos se ha desbordado territorial y políticamente. Se observa cómo a lo largo de los últimos cinco años esas personas han estado sujetas a la externalización de las responsabilidades de Estados Unidos como país receptor de las solicitudes de asilo, redundando en asentamientos temporales forzados de personas centroamericanas, caribeñas y transcontinentales –e incluso mexicanas–, en la frontera norte de México.

Es precisamente en Tijuana donde convergieron personas haitianas en 2016 y centroamericanas en 2018, quienes manifestaron su intención de solicitar asilo en Estados Unidos, encontrándose con mecanismos cada vez más restrictivos para atender este derecho. Dichos mecanismos involucran el componente de la espera como elemento de disuasión coercitiva que mantiene a las personas migrantes en modo de resistencia en ese tránsito alargado, con nula o escasa asistencia social, reducidas posibilidades de empleo y con un significativo costo emocional ante la incertidumbre de su situación.

Las fronteras mexicanas son espacios de espera por los cuales los corredores transitados por personas haitianas se cruzan con los de personas del norte centroamericano. Frente a las caravanas migrantes iniciadas en 2018, durante el primer trimestre de 2019 los agentes mexicanos policiales y migratorios empezaron a contener a las personas en tránsito de distintos orígenes que trataban de cruzar la frontera sur por Tapachula. Para junio de ese mismo año, se le encargó oficialmente dicha tarea a la recién creada Guardia Nacional. A la contención le siguieron las detenciones en las Estaciones Migratorias de la frontera y las deportaciones. Mientras las personas haitianas llegadas a la frontera sur mexicana entre 2016 y fines de 2018 tardaron sólo unas cuantas horas en cruzar, los interlocutores que lo hicieron de febrero de 2019 en adelante han esperado de una semana a seis meses.

En efecto, el cambio securitista en la política migratoria mexicana ha implicado estancias imprevistas, largas y costosas. Igualmente, la formación de nuevas caravanas en el norte de Centroamérica se ha encontrado con una frontera contenedora a nivel casi infranqueable. Después del cierre por covid-19 de las fronteras de Guatemala, El Salvador y Honduras, la espera se trasladó al interior de sus propios países, en una radical expresión de externalización de las fronteras.

La diáspora haitiana y la lista de espera en 2016

La implementación de un sistema de cuotas (metering o queue management, en inglés) es el primer mecanismo de espera. Fue puesto en práctica de manera extrainstitucional por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a inicios de 2016, llegando a afectar a miles de personas haitianas llegadas a Tijuana a lo largo de ese año. La medida se explayó hacia otros puertos fronterizos durante 2018, articuladamente con el anuncio de la Política de Tolerancia Cero en la frontera suroeste por parte del exfiscal general Jeff Sessions. Cuando las caravanas migrantes llegaron a la ciudad de Tijuana en noviembre, el sistema ya se encontraba instalado y operando del lado estadounidense y mexicano. En los hechos, el sistema de cuotas limita el número de solicitudes de asilo que pueden presentarse por día en los Estados Unidos.

En el lado mexicano de la frontera, la organización de “listas de espera” ha sido la reacción al metering. En las inmediaciones de la garita de San Ysidro, California, conocida como El Chaparral, a las personas solicitantes se les asignaba un número y se les registraba en una libreta que resguarda el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. Aunque limitadas, no había un número fijo de llamadas al día. Al inicio de cada jornada, el lado estadounidense transmitía la cantidad de solicitantes de asilo que sería recibida. Los encargados de la lista llamaban por turnos número a número entre las 6 y las 7 de la mañana; la informalidad de “la libreta” y la intervención de varias manos en su registro ha facilitado que se presenten episodios de comercialización de números próximos a seguir.

La caravana centroamericana y los Protocolos de Protección a Migrantes en 2018

Una segunda política de espera deriva de los Protocolos de Protección a Migrantes/Migrant Protection Protocols, también conocidos como el programa Permanece en México/Remain in Mexico, implementado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el 20 de diciembre de 2018. Así como el sistema de cuotas y la lista de espera fueron impulsados por la llegada de personas haitianas a Tijuana, los MPP fueron la respuesta reactiva de Estados Unidos a la llegada de las caravanas centroamericanas a esta frontera, compuestas por más de 6 000 personas.

Los Protocolos de Protección a Migrantes consisten básicamente en recibir la solicitud de asilo, pero no a las personas. El solicitante se presenta a una primera audiencia en un puerto de entrada de Estados Unidos para dar por iniciado el caso, el cual implica varias audiencias.1 Después de esa primera audiencia el solicitante debe regresar a México para esperar sus siguientes audiencias, permitiéndole la entrada a suelo estadounidense sólo los días que tenga cita en la corte, en la que debe probar que se encuentra bajo temor creíble de ser sujeto de persecución o tortura en su país de origen. En tanto se desarrolla el caso, la mayoría de MPP es regresada a la frontera; otros solicitantes son conducidos vía aérea a Guatemala, considerado como tercer país seguro.2 De enero de 2019, cuando regresó el primer grupo de MPP a Tijuana, a mayo de 2020, un total de 65 237 personas han solicitado asilo a través de los Protocolos de Protección a Migrantes.

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La lista de espera y el MPP se articulan como parte de las reformas estadounidenses en materia de asilo del último lustro. Son esfuerzos gubernamentales reactivos a la llegada de dos grandes grupos de solicitantes de asilo a su frontera suroeste: el primero en 2016 de origen haitiano, y el segundo a partir de 2018 con personas centroamericanas. A través del decreto de contingencia migratoria, esos esfuerzos cuentan además con la adhesión de los agentes migratorios y de la Guardia Nacional de México, que obstaculizan la llegada a su frontera norte para presentar la solicitud de asilo en Estados Unidos.

La descripción del sistema de cuotas permite no sólo entender el surgimiento de la espera en Tijuana, sino visualizar cómo el espacio fronterizo México-Estados Unidos puede dar lugar a medidas securitistas ad hoc cuya logística y operación permanecen y afectan a grupos de solicitantes de asilo llegados en períodos y desde localidades distintas. La situación y el espacio de espera son productos de un proceso que comparte con la externalización de las fronteras el carácter de desbordamiento de la gestión migratoria más allá del territorio de Estados Unidos, ya que el encargado de la protección internacional del solicitante de asilo es México (Estado y sociedad civil), mientras avanza el caso en la corte migratoria correspondiente. Tal y como se ha descrito, la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes implica necesariamente la separación entre la solicitud de asilo y la persona misma que lo solicita.

Al prestarse como espacio para decenas de miles de solicitantes de asilo, México pasa a ser país de espera, además de tránsito, retorno, deportación y expulsión. Esta constatación lleva al examen de los roles de México en la regulación de las movilidades en corredores migratorios que son transitados por personas haitianas desde Sudamérica, y se concatenan con las rutas siempre cambiantes utilizadas por personas centroamericanas para llegar a la frontera México-Estados Unidos, en especial Tijuana-San Diego, se ha convertido en un espacio-laboratorio de mecanismos que dificultan la presentación y el seguimiento de las solicitudes de asilo, sin que las necesidades de protección internacional de personas de distintos orígenes estén cubiertas. Durante los meses de espera estas personas requieren moverse entre México y las localidades de las audiencias del lado estadounidense; y necesitan fuentes de ingreso, abrigo en albergues, o en inmuebles rentados, educar a sus hijos e hijas, o involucrarlos en actividades lúdicas, contar con acceso a la salud y condiciones de seguridad. La escasez o ausencia de posibilidades para cubrir estas necesidades básicas impiden a la larga la formación de un corredor humanitario que brinde protección internacional a miles de individuos, grupos y familias centroamericanas, caribeñas, africanas y asiáticas.

Las medidas tomadas por la emergencia de la pandemia de covid-19 a partir de marzo de 2020 convierten la espera en estancamiento. Con el cruce hacia Estados Unidos permitido únicamente para ciudadanos, residentes o personas que laboran en actividades esenciales, también se cerraron hasta nuevo aviso las oficinas de inmigración que recibían nuevas solicitudes de asilo y las cortes en las que se procesaban los casos de MPP. El confinamiento pandémico se ajustó con facilidad a la espera prolongada. En conjunto, los mecanismos de la espera y las medidas de cierre propias del contexto pandémico podrían estar significando, por lo menos en el corto plazo, el preámbulo a la imposibilidad de acceder en Estados Unidos al derecho de asilo que asiste a toda persona migrante.


1 Todas las personas en lista de espera presentan su solicitud de asilo en los puertos de entrada el día que corresponde su turno. Existe otra posibilidad de solicitar asilo que no se relaciona con la lista de espera señalada: cuando la persona ingresa a Estados Unidos de manera indocumentada e imprevista y expresa a las autoridades migratorias estadounidenses que se acoge a su derecho de solicitar asilo. Ambas vías de solicitud forman parte de los MPP.

2 El mecanismo de tercer país seguro está previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y consiste en el reasentamiento de solicitantes de asilo en un país distinto del que inicialmente pretendía refugiarse. Para tal efecto, es necesario que exista un acuerdo entre el país de destino original y el tercer país involucrado. El Acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala fue firmado a fines de julio de 2019 por los gobiernos de Donald Trump y de Jimmy Morales.

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