Colombia: prioridades fragmentadas de un gobierno belicista

Hace un par de días, bajo un perfecto clima cálido, tuve la oportunidad de conocer el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en Monterrey, la universidad pública más importante del norte de México. Recorrí sus excelsas instalaciones, conocí sus facultades, fotografié sus no pocos espacios deportivos, compré un par de libros en su amplia librería y aprecié sus centros de investigación ubicados en modernas edificaciones. Como colombiano que soy, durante mi caminata por la UANL no pude evitar una aciaga remembranza de las universidades públicas de mi país debido a la adversa situación financiera que vienen padeciendo desde hace más o menos tres décadas. Conocer la UANL significó para mí re-visitar las bastas diferencias entre las universidades públicas de aquí (México) y las de allá (Colombia) en términos del presupuesto recibido. El déficit en el presupuesto de las universidades públicas se traduce en la reafirmación de la mínima importancia que los gobiernos de Colombia le han otorgado a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología desde finales del siglo pasado.

Tan solo dos semanas atrás se conmemoraba en el recinto del Congreso colombiano los 25 años de la llamada “Misión de sabios” en la cual diez científicos y humanistas como Rodolfo Llinás, Manuel Elkin Patarroyo, Ángela Restrepo, Carlos Eduardo Vasco y Gabriel García Márquez fueron convocados por el entonces presidente César Gaviria para generar una serie de recomendaciones en educación, ciencia y tecnología. El informe de la Misión se publicó en el libro Colombia: al filo de la oportunidad (Colciencias, 1993). Pero las recomendaciones allí plasmadas nunca se tuvieron en cuenta ni por César Gaviria, ni por sus sucesores. Al contrario, Gaviria implementó una serie de políticas neoliberales que terminaron afectando la inversión en educación, ciencia y tecnología. De hecho, según el Informe mundial sobre la educación 1998 de la UNESCO, durante los periodos 1985-1989 y 1990-1994 Colombia redujo el presupuesto para la educación en 3.2 puntos porcentuales del PIB y, en el mismo periodo, lo aumentó en 0.5 para el sector defensa. Desde entonces la práctica política de los gobiernos ha sido elevar exponencialmente el presupuesto para la guerra mientras que los presupuestos para la educación superior y la ciencia y tecnología son aumentados de manera insignificante o simplemente disminuidos, como ocurrió en los últimos años. Todo lo contrario a lo que la Misión de sabios recomendó en 1993.

Mientras los gobernantes seguían aumentando el presupuesto para la guerra, el resto del país pensaba en la paz con educación. Una pequeña pero significativa muestra de ello la vi hace 11 años mientras trabajaba en Suesca, un municipio cercano a Bogotá. En una de las calles de Suesca se podía leer un ya viejo graffiti que decía: “Zin educasion qual pas?”. La frase (escrita así a propósito, con errores) me impactó porque sintetizaba el clamor de un país y la indiferencia de todos sus presidentes. Tanto la Misión de sabios como los sabios del graffiti tenían claro que sin inversión en educación el país perdería su oportunidad de acercarse a una situación real de paz.

Foto tomada en Suesca, Colombia (archivo personal, 2007).

Nada ha cambiado desde la década de 1990. Después de una férrea oposición a la firma del acuerdo de paz con las FARC la derecha más radical regresó al poder y desde entonces ha dejado ver su principal motivación para gobernar: la guerra. Este sector ideológico ha radicalizado su postura frente a la crisis en Venezuela y discursivamente se ha aferrado a la retórica de la defensa nacional. Lo que en realidad el uribismo busca, con Iván Duque como uno de sus portavoces, es reavivar el negocio de las armas desde el Estado. Y a falta de las FARC como movimiento guerrillero los promotores de la guerra se escudan en Nicolás Maduro como una amenaza nacional. En la práctica ya han insinuado las primeras acciones buscando ante el Congreso de la República un aumento de USD 364 millones en el presupuesto para defensa anti-aérea, pero debido a la discusión mediática que esta polémica propuesta generó, Guillermo Botero, Ministro de Defensa, tuvo que decir públicamente que por el momento no se hará tal inversión. Por el momento.

Paradójicamente, al mismo tiempo que los señores de la guerra acuden a sus eufemismos para continuar con el negocio de las armas, la química y biotecnóloga Dolly Montoya, actual rectora de la Universidad Nacional de Colombia, se dirige a Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, solicitándole el presupuesto faltante de la Universidad para poder culminar el año 2018. Como científico que soy, me causa una profunda molestia que en Colombia una persona dedicada a la educación y a la ciencia, rectora de la universidad pública más importante del país, tenga que dirigirse –seguramente en medio de una reunión desinteresada y displicente– a un político que ha sido cuestionado por actos de corrupción en el país y por su participación en lo que se conoció mundialmente como el caso The Panama papers. Es la imagen más triste e ignominiosa que describe perfectamente cómo la educación pública y la ciencia están a merced de la vieja política.

Como en Colombia ya se sabe, por la experiencia, en qué terminará la solicitud de la rectora de la Universidad Nacional –­en nada– la comunidad de estudiantes de las universidades públicas se adelantaron al silencio del gobierno y han decidido iniciar una nueva lucha en las calles para que los dirigentes políticos piensen menos en la guerra y más en la educación. La petición es contundente: mayor presupuesto para las universidades públicas, tal y como lo recomendó la Misión de sabios hace 25 años.

La mayoría de los gobernantes en Colombia se educaron en universidades privadas (a veces en el exterior) y ninguno ha desarrollado investigación científica, por ello existe entre ellos una tradición de menospreciar las universidades públicas y estigmatizarlas como “nido de guerrilleros”. Cambiar esa idea retrógrada y peligrosa es el principal reto que los estudiantes y profesores tienen en Colombia para poder lograr el objetivo de esta nueva movilización convocada. Las dos cosas son importantes: erradicar esa estigmatización negativa y frenar la sistemática desfinanciación de las universidades públicas.

No es fácil. Hay que crear una nueva tradición política en la cual se perciba a las universidades públicas como el principal vehículo cultural, científico y artístico hacia una sociedad no bélica. Que los políticos de derecha que han gobernado el país desde siempre inviertan en las universidades públicas y en Colciencias independientemente de sus convicciones ideológicas; es decir, que el fomento de la educación superior y de la ciencia y la tecnología sea una política de Estado y no un asunto de voluntades individuales como ha ocurrido hasta hoy.

Creo que México es ejemplo de ello: independientemente de los gobiernos, y aunque siempre hay cosas por mejorar, ha habido alta inversión para la educación pública y para Conacyt. Por ello es notable que las universidades públicas de México son las más importantes, prestigiosas y respetadas del país; sus estudiantes reciben becas para realizar sus estudios a nivel de licenciatura y de posgrado; sus profesores gozan de aceptables condiciones de trabajo y programas de bonificaciones; sus investigadores cuentan con una variedad de recursos y estímulos como los otorgados por el Sistema Nacional de Investigadores; y sus instalaciones –como en la UANL– siempre impactan por su belleza.

Escribo estas reflexiones desde el cuarto piso de la muy acogedora Biblioteca Central del Tecnológico de Monterrey, acaso la institución de educación superior privada más importante de México. Tal vez aquí muy pocos sepan sobre las adversas condiciones de la educación pública en Colombia, tal vez muchas personas en Colombia también sean ajenas a esa situación, por eso es importante divulgar y apoyar la iniciativa de la movilización. Es un error histórico generar ambientes de guerra y a cambio no financiar las universidades públicas condenándolas a un perpetuo estado de crisis. Es una responsabilidad moralmente válida generar una presión masiva en toda América Latina para que el gobierno de Iván Duque antes de pensar en comprar misiles antiaéreos se comprometa con la educación pública del país. Estas palabras, inspiradas por las universidades mexicanas, buscan aportar en ese sentido.

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