El derecho a la alimentación es un derecho económico, social, cultural y ambiental
Malnutrición, desnutrición, dificultad para acceder a una alimentación de calidad, imposibilidad de que los alimentos lleguen a los lugares más lejanos: principales problemas alimentarios en México
“Los derechos humanos y los derechos sociales son en la actualidad un elemento para el diseño de políticas públicas que están siendo cada vez más reconocidos sobre todo en los ámbitos de las constituciones de América Latina y en el ámbito de la Constitución Política de México”, afirmó Gerardo Torres Salcido, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM).
La alimentación a pesar de encontrarse dentro de los derechos sociales, va más allá debido a la evolución de los derechos sociales en derechos económicos y culturales. Así mismo, este derecho comenzó a ganar relevancia a partir de los movimientos sociales en los años ochenta a nivel nacional e internacional, que señalaban que los seres humanos debían tener derecho a una alimentación suficiente y de calidad, expresó el investigador.
Las irregularidades en el derecho a la alimentación
La Ley de Desarrollo Social dio cabida para el reconocimiento de los derechos sociales dentro de la política pública mexicana a través de la formación del Consejo Nacional de Política Social, el cual se dedica a hacer investigaciones y diagnósticos con el fin de desarrollar políticas públicas. En el caso del derecho de alimentación, es necesario garantizar que se cumplan y justifiquen los mínimos requerimientos para que la población tenga acceso a este derecho, explicó Torres Salcido.
Cabe señalar que a pesar de que la población mexicana tiene el derecho a una alimentación de calidad y en cantidades adecuadas, el CONEVAL en uno de sus diagnósticos, encontró varias irregularidades en el cumplimiento de este derecho, entre ellas están; la malnutrición y desnutrición, el no poder tener acceso a una alimentación de calidad, la falta de rutas para que los alimentos lleguen a los lugares más lejanos, entre otras, afirmó el académico.
La importancia del apoyo a nuevas formas de organización
En la actualidad, explicó Torres Salcido que, “no se ha creado una Ley reglamentaria y toda política pública, requiere también presupuesto, estímulos y financiamiento que sea sostenible”, y agregó que, en los dos intentos que se han hecho por establecer una Ley reglamentaria, se ha establecido el derecho a la alimentación como parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además, no puede estar sujeto a políticas asistenciales y debe de estar abierta a la posibilidad de establecer emergencias sanitarias.
“Todavía en las reformas constitucionales no se establece una relación entre el derecho y la soberanía alimentaria y (…) las tendencias actuales están avanzando hacia la soberanía alimentaria y la posibilidad de incidir en política pública para el logro de estas condiciones”, agregó el investigador.
Finalmente, Torres Salcido mencionó que, a pesar de enfrentar problemas como la disposición del espacio público, la inseguridad o la falta de transporte y políticas públicas, es de suma importancia apoyar a la agroecología, así como facilitar el acceso al agua, la distribución de canastas alimentarias a precios accesibles, fomentar los modelos de los mercados alternativos y los huertos alternativos.
La conferencia de Gerardo Torres Salcido se llevó a cabo el 26 de mayo de 2021 en el marco del seminario Gobernanza y Protección Institucional del Patrimonio Alimentario para el Desarrollo Territorial, coordinado por Laura Elena Martínez Salvador, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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Prestadora de servicio social en el Departamento de Difusión del IIS-UNAM
