El Estado es aliado del capital privado en el actual proceso de desarrollo urbano

 

* Ante la construcción de grandes proyectos habitacionales y de infraestructura, los vecinos afectados han articulado diversas formas de luchar por sus entornos.

 

México, D.F., 12 de noviembre de 2015.- El artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, implementada en el 2010, ha permitido el cambio en el uso de suelo de cualquier parte de la ciudad. Este instrumento, aunado al abuso de la norma 26, ha generado más de 2000 quejas por construcciones irregulares en la ciudad de México e importantes inconformidades de habitantes de diversas zonas de la ciudad, señaló Cecilia Barraza durante su participación en el Coloquio “Vecinos vs promotores. Conflictos locales en la Ciudad de México”, coordinado por Francisco Sabatini, académico de la Universidad Católica de Chile e investigador visitante en Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS-UNAM).

En este contexto, se identifican algunos aspectos que posibilitan el surgimiento de nuevas organizaciones vecinales, tales como la identidad y cohesión social, la tradición organizativa previa y el nivel real de afectación de los habitantes. Sin embargo, también debe considerarse que en ciertos casos, los desarrollos inmobiliarios generan algunos beneficios, como la activación económica y el mejoramiento del entorno, señaló Lucía Álvarez, investigadora del CEIICH-UNAM.

Si bien el capital inmobiliario ha tenido el poder de arrinconar al gobierno de la ciudad, debilitando su papel en el control del desarrollo urbano, este aspecto puede generar la ilusión de que todos los conflictos tienen el mismo origen, cuando en realidad éstos son muy diversos, señaló Antonio Azuela, investigador del IIS-UNAM. Y reflexionó sobre el problema de las escalas de la representación política, ya que los instrumentos de participación se enfrentan a la dificultad de definir la escala geográfica a la que se aplicarán las consultas ciudadanas cuando los impactos de los proyectos superan el nivel vecinal.

La transición democrática de la ciudad de México ha culminado en una política urbana excluyente, basada en acuerdos publico-privados con beneficios para el capital privado, lo cual ha generado nuevas fronteras físicas y simbólicas entre los sectores urbanos, afirmó Patricia Ramírez Kuri, investigadora del IIS-UNAM. Asimismo, la investigadora aseveró que, a pesar de que existe un auge en la movilización vecinal, muchas de las organizaciones no logran una importancia mediática, lo que les dificulta trascender al debate público.

Por su parte, Francisco Sabatini utilizó la imagen de las torres (edificios de gran altura), como representaciones del monopolio capitalista que ha corrompido al mercado urbano, ya que las empresas inmobiliarias obtienen importantes beneficios económicos gracias al aprovechamiento de los bienes públicos urbanos. Y señaló que los conflictos ambientales que generan la reacción y organización de los vecinos, pueden articularse en movimientos más amplios que cuestionen al sistema económico vigente.

Asimismo, se requiere reconocer y rescatar la experiencia vivida y los saberes de la población afectada, señaló Cristina Sánchez Mejorana, investigadora de la UAM-A. E hizo hincapié en que, ante las rupturas socio urbanas generadas por las facilidades que el Estado otorga al capital privado, el reto para los académicos es contribuir a la reconstrucción y el fortalecimiento del marco legal y las instituciones públicas.

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