Ejercicio pleno de derechos: desafío para la Constitución de la Ciudad de México

* No basta con establecer nuevos derechos, se debe garantizar su protección y efectividad: académicos

Ciudad de México, 18 de octubre de 2016.- La propuesta del Jefe de Gobierno para la Constitución de la Ciudad de México es asistencialista, ya que señala que los derechos de los ciudadanos podrán garantizarse hasta donde alcance el presupuesto, afirmó Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y diputado constituyente por MORENA.

Durante su participación en el Seminario de reflexión y diálogo “La participación de la UNAM hacia la conformación de la Constitución de la Ciudad de México”, coordinado por Irma Eréndira Sandoval, investigadora del IIS-UNAM, y Manuel Perló, director de esta institución, Cárdenas presentó la propuesta de limitarle a los partidos políticos el control de los mecanismos de participación ciudadana e impulsar la democracia comunitaria, basada en los sistemas normativos de los pueblos originarios de la ciudad.

Por su parte, Axel Didriksson, exdirector del Centro de Estudios Sobre la Universidad de la UNAM (hoy IISUE), afirmó que no es posible el ejercicio de una democracia ciudadana sin una educación que la forme. En este sentido, el también diputado constituyente por MORENA, presentó la propuesta de un modelo educativo alternativo caracterizado por; tener un porcentaje irreductible del 8 por ciento del presupuesto; generar un marco de regulación de de las escuelas privadas; transformar las escuelas normales en un instituto de formación y renovación magisterial; crear un consejo metropolitano que garantice los valores democráticos en el sistema educativo; y construir una normatividad propia.

Existen tres vías para abrir la puerta a un nuevo régimen político para la ciudad; la reorganización territorial de las alcaldías; la creación de un sistema de derechos; y la transformación de las relaciones entre empresas privadas y el gobierno, aseveró Gibran Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y reiteró que el mayor cambio dependerá de un papel proactivo de los ciudadanos.

Durante su intervención, John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, criticó la moda que repudia el exceso de detalle y el pensamiento utópico constitucional mexicano. En este sentido, el académico señaló que este minimalismo jurídico implica un autodesprecio hacia la tradición constitucional mexicana, que en 1917 puso un ejemplo a nivel mundial al constitucionalizar los derechos sociales.

El pacto social, que implica la creación de una constitución, debería remitir al bien común, afirmó Lucía Álvarez, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. A partir de una revisión teórica, la académica hizo énfasis en la necesidad de garantizar la efectividad, la viabilidad y la inviolabilidad de los principios y derechos sociales que serán plasmados en la nueva constitución.

Enrique Provencio, investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM, señaló que en la constitución será necesario formular principios para que el ordenamiento territorial sea mas explícito y los programas de desarrollo urbano se puedan ejecutar. En este sentido, el académico afirmó que, de manera operativa, el desarrollo urbano remite a los medios de ejercicio de los derechos.

El proceso de urbanización convierte al espacio edificable en un recurso, aseveró Antonio Azuela, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y señaló que actualmente se está permitiendo que los propietarios de los inmuebles se queden con las plusvalías, las cuales son generadas de forma colectiva. Sobre este aspecto, el académico presentó una propuesta para que dichas plusvalías sean recuperadas por el Estado y sean utilizadas para el bien común de la ciudad.

Por su parte, Magdalena Galindo, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, afirmó que la tarea mas importante de los diputados constituyentes es garantizar los derechos humanos. En este sentido, la investigadora identificó como derechos prioritarios; la libre expresión y manifestación; el derecho a la educación laica y gratuita; la libertad a decidir sobre el propio cuerpo; el derecho a la diversidad sexual; y el combate a discriminación.

La última sesión del seminario de reflexión y diálogo, en la que se discutirá sobre el futuro del texto constitucional, se realizará el 31 de octubre a las 10:00 horas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.


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Fotografías del evento


Fotografía de portada: Ricardo Luengo

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