La inadecuada política de seguridad para combatir el narcotráfico ha generado más muertes que el consumo mismo de estupefacientes

 

* Las políticas adoptadas por el gobierno en torno a las drogas están lejos de ser la solución.

 

Por Enrique Werther Soto Zuppa.

México, D.F., 27 de agosto de 2015.- El Dr. Luis Astorga Almanza coordinó la discusión del noveno cuaderno CUPIHD Encuentros con la ley. Relaciones entre jóvenes usuarios de drogas ilícitas y policías en la ciudad de México, en la que participaron las especialistas Ángela Bacca Mejía (FCPyS), Julie-Anne Boudreau (INRS, Montreal) y Olga Guzmán Vergara (CMDPDH).

El doctor Astorga inició la discusión manifestando que la actual edición del cuaderno CUPIHD “ha permitido un fructífero intercambio académico” a partir del cual se han obtenido perspectivas y acercamientos significativos en torno a la problemática de las relaciones entre los usuarios de drogas y las autoridades.

En este sentido, manifestó su preocupación ante la errónea estrategia del gobierno para combatir el problema del narcotráfico, que ha colocado al ejército en las calles y lo asume como un problema de seguridad y no como uno de salud. Desde que se implementó la presencia de las fuerzas castrenses en la vía pública, las violaciones a los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y secuestro incrementaron considerablemente, señaló el investigador.

Por su parte, la académica Olga Guzmán reiteró que en México no existe una política de drogas como tal, el problema se ha atacado desde una política de seguridad, lo que ha justificado la militarización de la seguridad pública. Recordó que la desatinada estrategia del ex presidente Felipe Calderón de declarar la guerra contra el narcotráfico en realidad fue una lucha por el control y la fiscalización del mercado ilícito, ya que fue dirigida a las organizaciones delictivas y no contra las drogas.

La investigadora Ángela Bacca Mejía hizo referencia a la importancia de estudiar el papel de la policía respecto a los usuarios de drogas y los contextos en que se da esta dinámica, ya que los procedimientos o protocolos que siguen las autoridades están plagados de irregularidades. Explicó que el 70% de los consumidores son extorsionados y el 90% de las detenciones están basadas en discriminación y estigmatización.

Añadió que es necesario dimensionar los consumos de drogas (legales e ilegales), sobre todo cuando el discurso de las instituciones se basa en ordenar qué consumir y qué no, cayendo en el uso de una ley prohibicionista, en vez de promover campañas de información que describan y alerten acerca de los daños provocados por el uso de ciertas sustancias.

La Dra. Boudreau coincidió en la importancia de comprender cómo se dan las “negociaciones” entre los jóvenes consumidores y la policía en los espacios públicos, para saber si son de orden formal, ilegal o informal. Esto cobra relevancia en México, en donde la negociación está determinada principalmente por la corrupción, lo que nos obliga a reflexionar si los procesos y protocolos legales están realmente aportando soluciones.

Los académicos concluyeron señalando la necesidad de tender un puente entre el consumo de drogas y los derechos humanos para encontrar soluciones más efectivas ante el contexto de discriminación y estigmatización, así como el de la constante violación de derechos humanos que cometen desde las patrullas hasta los cuarteles militares.

Se tiene que impulsar una visión más amplia y realista de la problemática del consumo de drogas para encontrar una manera “diferencial y flexible” de resolverla. Se deben proponer soluciones dependiendo del tipo de problemática de cada país, de cada usuario y de tipo de droga, ya que los contextos cambian según éstas variantes, aseveró el investigador Luis Astorga.

En este sentido, las convenciones internacionales que imponen soluciones estandarizadas no siempre son el remedio, prueba de esto es Uruguay, primer país latinoamericano en legalizar el uso recreativo de la mariguana. Si se superan las convenciones, los países pueden encontrar soluciones flexibles y más efectivas.

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