Las actuales iniciativas y modificaciones de ley, no han considerado a todos los actores educativos, científicos y tecnológicos

Por Rebeca de Gortari, Marcela Meneses y Marcela Amaro

Fotografía: cl a ra maría inés

Investigadores, científicos y tecnólogos, se reunieron para discutir las políticas propuestas por el actual gobierno


Con el propósito de analizar y discutir las iniciativas y las adecuaciones de leyes emprendidas por el actual gobierno en materia educativa, científica y tecnológica, el 26 de febrero de 2019 se llevaron a cabo los “Debates en torno al futuro de la educación, la ciencia y la tecnología en México”, coordinados Rebeca de Gortari, Marcela Meneses y Marcela Amaro, investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Iniciativa de ley de humanidades, ciencias y tecnologías

La discusión sobre la iniciativa de ley de humanidades, ciencias y tecnologías difundida recientemente, fue el objetivo de la primera mesa de debates organizada en el IIS-UNAM, en donde participó Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Jorge Cadena Roa, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y Rafael Loyola, investigador del IIS-UNAM. Con relación a dicha iniciativa se hicieron varios señalamientos.

En primer término, se señaló que dicha propuesta, fue elaborada de manera unilateral sin la consulta y la discusión del conjunto de actores que han participado y construido el sistema de ciencia, tecnología e innovación con que cuenta el país, muchos de los cuales además forman parte y constituyen la mayoría de los comités colegiados establecidos por la ley de ciencia y tecnología vigente.

En segundo lugar, se discutió y criticó la eliminación del espíritu que ha guiado la construcción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), órgano ejecutor de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, creado desde 1970. Por una parte, la normatividad que ha guiado a dicho órgano basado en la libertad de investigación y el respeto a la autonomía de las universidades y los centros de investigación, por otra, la conformación de una estructura y gobernanza que ha ido estableciendo diferentes puentes e instancias colegiadas de intermediación conformadas por el conjunto de los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Finalmente, que de aprobarse la nueva propuesta, podría llevar a un retroceso de varias décadas por la destrucción de los avances que se han tenido para la construcción de un andamiaje conformado por condiciones y recursos para la innovación a través de diferentes programas que han tenido una continuidad transexenal, como los programas de becas (nacional e internacional), la profesionalización de los investigadores (mediante el Sistema Nacional de Investigadores y la creación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica) y el establecimiento de condiciones y recursos para estimular la innovación en las empresas y la creación de empleos, que en su conjunto son claves para el desarrollo económico del país.

En suma, se reconoció que hay que romper la falsa disyuntiva entre apoyar más a la ciencia o a la tecnología, pues la ciencia es el dinero transformado en conocimiento, y la tecnología transforma el conocimiento en dinero, lo que ha faltado es cerrar el ciclo económico de dinero en conocimiento, para que lo anterior se convierta en un círculo virtuoso como en otros países. Como conclusión se hizo la propuesta de que sea retirada la iniciativa y se lleve a cabo la discusión de la ley de ciencia y tecnología vigente, apoyada en la convocatoria del conjunto de actores que conforman el sistema nacional de ciencia y tecnología y, sobre la base de valorar el conocimiento y reconocer el trabajo de los científicos.

Reforma al artículo 3º Constitucional

En la segunda mesa sobre la Reforma al artículo 3º Constitucional, Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, Imanol Ordorika, investigador del Instituto de Investigaciones Económica de la UNAM y Roberto Rodríguez, investigador del IIS-UNAM, señalaron que la actual iniciativa de reforma no representa un proyecto educativo distinto, sino una reacción a la reforma educativa impuesta por el gobierno anterior, de carácter punitivo contra el magisterio.

En este sentido, se opinó que un acierto de la nueva propuesta consiste en poner el foco de atención en la formación contínua de los maestros, no así en su evaluación. Sin embargo, resulta problemático el carácter de excelencia que se quiere adjudicar a la educación, en reemplazo del de calidad. Si bien hay diversos sectores del ámbito educativo que se oponen a la noción de calidad, esta ha sido definida y coincide con el lenguaje utilizado por lo organismos internacionales y convenios signados por México, con quienes estamos comprometidos.

Asimismo, se refirió a la universalidad y obligatoriedad de la educación superior. A propósito, se sugirió apoyarse en las universidades públicas autónomas para aumentar la cobertura a la meta de 50%, así como crear dos fondos permanentes; uno para la gratuidad y otro para la obligatoriedad de la educación superior ya que sin recursos, la universalidad no tendrá viabilidad.

Un aspecto muy importante señalado es que aún no ha sido resuelta la “omisión accidental” de la fracción VII del artículo 3° sobre la autonomía universitaria. Finalmente, se afirmó que es necesario construir un proyecto educativo diferente y propio, que considere el conjunto de propuestas que han vertido los distintos actores que participan de la educación en nuestro país.

Modificación de la Ley de bioseguridad

En la tercera mesa, se analizó la iniciativa de decreto mediante el cual se expide la Ley de humanidades, ciencias y tecnologías y se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (OGM).

Desde una perspectiva multidisciplinaria, los distintos panelistas presentaron su punto de vista sobre el decreto. En primer lugar, Michelle Chauvet, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y especialista en el análisis socioeconómico de la biotecnología en México, contextualizó el origen y los principales planteamientos de la Ley de Bioseguridad vigente, destacó que si bien dicha Ley ha sido criticada desde diversas perspectivas, las modificaciones y derogaciones propuestas no recogen las diferentes preocupaciones y análisis que se han hecho de la misma, lo que podría significar un retroceso importante dado que podemos pasar de una Ley que fundamentalmente había sido criticada por la promoción al desarrollo de ciertas biotecnologías, a una Ley prohibicionista, expresando que ninguno de los dos extremos es lo que requiere el país.

Por su parte, Luis Vaca, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, expresó su preocupación por la falta de entendimiento de la naturaleza de lo que implica la biotecnología, la cual va más allá de los organismos genéticamente modificados, ya que existen nuevas y diversas técnicas que no están consideradas en la Ley, las cuales también requieren atención. Desde su quehacer científico considera que hay diversos errores y confusiones en lo que se pretende legislar, lo cual puede llevar a inhibir ciertas actividades de investigación, difusión y uso a nivel científico y tecnológico.

En tercer lugar, se contó con la participación de Paulina Lagunes, académica de la Universidad Cristobal Colón, quien presentó un análisis puntual de cómo varias de las modificaciones y derogaciones presentadas contravienen una serie de acuerdos y metas que el país debe cumplir, como la Agenda 2030, además criticó la vaguedad de las definiciones usadas en el decreto presentado, sólo por mencionar uno de ellos, la propia definición de Bioseguridad no es clara y se presta a confusiones, lo cual en términos legislativos cobra gran relevancia al ser el documento base para normar diversas conductas.

Por otro lado, Jaime Padilla, consultor independiente, expresó su preocupación ante la posibilidad de desaparecer en términos implícitos a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), ya que si bien ésta institución puede ser objeto de mejoras, puede ser irresponsable la manera en la cual se ha tratado en el nuevo gobierno, demeritando sus funciones y la experiencia de muchos de los colaboradores directos e indirectos. Destacó que la construcción de capacidades organizacionales es un elemento fundamental para poder regular a una tecnología de gran importancia por sus posibles repercusiones negativas y positivas en muy diversos ámbitos de la vida natural, social y económica del país. Es por ello que también mostró su preocupación al hecho de la falta de compromiso y coherencia para recuperar el trabajo que dicho organismo ha realizado. En términos de la Ley, no es excluyente que el Estado mexicano busque promover el desarrollo biotecnológico y al mismo tiempo que regule y fomente la bioseguridad, expresó.

Finalmente, Sergio Trejo, investigador del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) de Tlaxcala destacó que la bioseguridad es una materia compleja que va más allá de la preocupación por mantener el germoplasma nativo, sino que también debería incluirse el tema de la alimentación y el consumo. Mencionó el hecho de que en la actual Ley y en el decreto presentado existe una sobre representación de algunos temas particulares, como la presencia de los organismos genéticamente modificados, y un olvido de otros temas igual de importantes. Desde su posición en la investigación, destacó que antes de realizar modificaciones o derogaciones a la actual Ley, debería hacerse un proceso de evaluación de cómo ha venido funcionando la Ley y cuáles han sido los resultados.

En términos sintéticos y obviando muchos puntos relevantes de la discusión, se planteó que al igual que en la iniciativa de ley de ciencia y tecnología se eliminan los avances que se han tenido hasta el momento en varios aspectos relevantes y que han sido resultado de un trabajo coordinado del conjunto de actores, como la eliminación de las normas y lineamientos para establecer un nuevo esquema de regulación. Además de que hay una fuerte tendencia a la centralización y control de facultades y poderes en Conacyt, olvidando que la biotecnología también tiene un sistema complejo de gobernanza.

Se insistió que la nueva propuesta está basada en un visión única que desconoce la amplitud de la utilización de los organismos genéticamente modificados, la biotecnología es más que OGM y éstos van más allá de su desarrollo y uso en la agricultura, a pesar de que para México, este sea un tema sensible, es necesario mirar más allá de esto. Además se destacó que es necesario profundizar mucho más en lo que se entiende por riesgo y los diversos tipos de riesgo que la Ley debería atender, lo cual sin duda, implica no sólo derogar artículos de la Ley vigente, sino un análisis complejo que permita mayor claridad. Si bien, la Ley vigente tiene vacíos y fallas que deben y pueden corregirse, esto debe llamar al concurso de muy diversos actores para poder recoger opiniones y generar consenso, y no promover cambios de manera unidireccional que no permiten evaluar los avances, retos y desafíos que como país enfrentamos en el tema de la bioseguridad. Por ello, se hizo un llamado a discutir la Ley vigente basados en un proceso de evaluación, rescate de elementos útiles y modificación de aquellos que no sean claros o que no cumplan con sus objetivos.


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