Dinero y elecciones

La democracia en México se ha convertido en una fuente muy lucrativa de recursos no sólo para los partidos y los profesionales de la política, sino para los funcionarios electorales en el país, para lo consultores de campañas y para sus proveedores de materiales y servicios. Los partidos y los profesionales de la política van por el dinero durante las campañas con la total convicción de que la cantidad que recibirán justifica cualquier medio que empleen para obtenerla. Y más aún, que si el candidato logra llegar al puesto por el que compite la recompensa será mucho mayor.

¿Cómo es que la lucha por décadas de miles de millones de mexicanos para tener elecciones libres y confiables y porque su voto fuera respetado derivó en esta extraña situación a la que nos enfrentamos en vísperas de las elecciones del 2021?

Comienzo por lo que considero los orígenes: El más importante la alteración del voto en todas sus derivaciones: fraude, compra y coacción, falsificación de credenciales electorales, alteración del contenido de las urnas y de los registros de los resultados por casillas, además de la manipulación de los resultados en los sistemas de cómputo.

A fin de inhibir el fraude se realizaron una serie de reformas para crear estructuras de supervisión de los procesos electorales y castigar las conductas ilícitas. El parteaguas que otorgaba garantías a los partidos y a la ciudadanía de la pulcritud de las elecciones fue la creación del Instituto Federal Electoral y de la figura de los consejeros ciudadanos en 1990, además de la depuración a partir de ese año del Registro Federal de Electores y de la expedición de una credencial de elector a prueba de falsificaciones. Debido a la multiplicidad de reformas a la normatividad electoral, a lo largo del tiempo el IFE/INE fue adquiriendo nuevas y más complejas funciones que requirieron un aumento exponencial de su presupuesto.

El artículo 44 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorga al INE 39 atribuciones de las cuales algunas de las básicas son: la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos; la designación y capacitación de los funcionarios de casilla; la integración y resguardo del padrón electoral: la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para autoridades electorales, partidos y candidatos,

Además de estas tareas, el artículo 5 de su Reglamento interno le atribuye otras 23 responsabilidades como: designar y remover a los Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales; designar a los Consejeros electorales de los Consejos locales, así como emitir reglas sobre resultados preliminares de las elecciones, encuestas, sondeos, así como de la impresión y producción de materiales electorales.

En 1990 el IFE recibió un monto de 742 564 pesos para su ejercicio, para 2018 alcanzó la cifra de 24,215 millones de pesos una cantidad casi diez millones mayor a la que se le destinó en 2012. Y en 2021, aunque menor al del 2018, su presupuesto sigue siendo imponente: 19,593 millones y sólo para ponerlo en contexto, el dinero que le fue aprobado al Instituto Politécnico Nacional es de 18 mil 241 millones.

El segundo de los orígenes de la situación en la que se encuentra nuestra democracia hoy es el financiamiento público a los partidos. La incorporación de este derecho tuvo, en su momento, como propósito hacer más equitativa la competencia ya que el partido en el poder hacía uso de los recursos del gobierno para financiar las campañas y para garantizar su triunfo, recurriendo a todas las prácticas fraudulentas que acabo de mencionar en los casos en los que los pronósticos electorales no le fueran favorables. Otra de las razones que estuvo detrás de esta reforma fue garantizar que no hubiera dinero proveniente del sector privado o de la delincuencia que pudiera inclinar la balanza hacia algún candidato o quedar como un “favor pendiente” una vez que éste ganara la elección.

Antes de las reformas aprobadas en 1993 y 1996 los partidos políticos subsistían a través de dos mecanismos: los llamados “partido satélite” que funcionaban a expensas del partido hegemónico y los partidos de oposición que se financiaban con las cuotas de sus militantes, de las donaciones de sus simpatizantes y de estrategias de captación de dinero como rifas u organización de otros eventos para conseguir recursos.

A raíz de la asignación del financiamiento público se fue desarrollando paulatinamente lo que se ha llamado “partidocracia” una oligarquía de profesionales de la política que siguen la estrategia de pasar de un cargo de elección a otro y de un partido a otro con el propósito de vivir del erario público el mayor tiempo posible. La evolución en el tiempo de esta “partidocracia” ha desvirtuado por completo la esencia de la razón de ser de los comicios: elegir a quienes mejor representen los intereses de la ciudadanía en las distintas estructuras de autoridad.

En periodos no electorales, los partidos reciben el porcentaje de una bolsa de recursos asignada para su operación de acuerdo con el número de votos que obtuvieron en la elección inmediata anterior, dinero que se incrementa durante las elecciones. Los partidos políticos recibieron en 2018, en las que fueron consideradas las elecciones más caras de la historia, 6, 702 millones de pesos y en el 2021 recibirán 7,226, dinero con el que se podrían comprar más de 24 millones de vacunas contra el Covid 19.1

En las campañas electorales los partidos son capaces de todo para mantener un buen porcentaje de votos/dinero público y en el mejor de los casos ganar la elección. Antes de hablar de las coaliciones y de los candidatos hagamos un poco de historia y recordemos aquella época a finales de los setenta y principios de los ochenta cuando los partidos de oposición se enfrentaban a la maquinaria de un poderoso partido hegemónico y lo hacían para defender sus convicciones políticas: el PAN su rechazo al corporativismo priista y su idea de bien común, y los múltiples partidos de izquierda como PCM, PMT, MAP, PSUM sus distintas perspectivas de lo que debía ser el cambio social en pro de los menos favorecidos. El pragmatismo político aunado al dinero de la democracia fue creando alianzas entre opuestos, primero en el Congreso y después en las contiendas electorales. A través de esto los partidos pasaron de la confrontación a la complicidad política en aras de compartir los beneficios del financiamiento público.

El negocio de la democracia no queda sólo en la interacción entre el INE, en su calidad de árbitro electoral y de supervisor del cumplimiento de la ley, y los partidos en tanto protagonistas fundamentales de los comicios. Como dije al inicio involucra a muchos otros actores, en 2018 el PRI pagó, por ejemplo 106 millones 969, 918 pesos en la contratación de todo tipo de consultores entre los que pueden estar los de mercadotecnia, imagen, organización de mítines, trabajo en tierra, además de casas encuestadoras y agencias de manejo de redes sociales.

Hablemos ahora de las coaliciones y de los candidatos. Para la elección 2021 se registraron ante el INE dos grandes coaliciones: la primera Va por México integrada por el PAN, el PRI y el PRD, que presentaran 176 fórmulas de candidaturas a diputados de mayoría relativa; la segunda Juntos Hacemos Historia en la que están el PT, El PVEM y Morena que postulará 151 fórmulas de candidaturas a diputaciones por ese principio de representación.

En relación con las gubernaturas la coalición Va por México irá en alianza en Campeche, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa.

El PRI y PRD irán solos en Morelos, Veracruz, Guerrero y Nuevo León. Mientras que, PAN y PRD irán juntos en Aguascalientes y Chihuahua, y el PAN irá solo en Querétaro y Nuevo León.

Por su parte, Juntos Hacemos Historia va en alianza en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. El PVEM va solo en Campeche, Chihuahua, Colima, Michoacán, Querétaro y Sinaloa, y Morena va por su lado en Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Sinaloa.

En cuanto a los candidatos, los de Juntos Hacemos Historia en su mayoría tienen como antecedente su militancia en el PRI y una candidatura previa al cargo al que aspiran abanderados por otros partidos. En el caso de las candidatas, Clara Luz Flores pasa de una militancia de 23 años en el PRI de Nuevo León a postular por MORENA; su candidata en Campeche Layda Sansores ha militado en el PRI, el PRD y Convergencia; Lorena Cuellar de Tlaxcala proviene también del PRI y Celia Maya, que compite por la gubernatura de Querétaro, antes ya lo hizo bajo en membrete del PRD.

En la lista de candidatos de Va por México se refleja más la tendencia oligárquica a la que me referí antes. En Campeche el candidato Christian Castro es sobrino de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI; el candidato de Baja California Sur Francisco Pelayo también goza de una herencia política, ya que es sobrino del exgobernador Marcos Alberto Covarrubias, y Carlos Herrera candidato de Michoacán fue secretario de gobierno de Silvano Aureoles.

Los problemas a los que dieron origen las reformas electorales no se han resuelto, los partidos siguen comprando votos en los periodos electorales y votantes a través de estrategias de más largo plazo como puede ser el uso partidista de los programas sociales. Si son hábiles lo harán evadiendo las sanciones que establece la ley y si no, en una ponderación costo-beneficio, tal vez crean que reditúa pagarlas.

Es cierto que la equidad en la contienda ha dejado de ser un problema fundamental, pero no porque se lograran establecer pesos y contrapeso para evitar que los partidos con más recursos fueran los ganadores, sino porque ahora con la colusión que existe entre las distintas fuerzas políticas los equilibrios se encuentran en otro lado, como en las negociaciones para la selección de candidatos.

El de 2021 es un proceso electoral numeroso y complejo, en el que se pone en juego la fisonomía política del país y la posibilidad de que MORENA mantenga su cómoda posición en el Congreso federal y tome el control de al menos 10 de las 15 gubernaturas que se renuevan. Las elecciones suceden en un contexto en el que la situación crítica en los niveles sanitario y económico acrecientan aún más la idea de los partidos como organizaciones codiciosas e insensibles.

Este contexto coloca a los electores ante un dilema: ejercer el derecho al voto y autorizar así que el negocio continúe y que después los ganadores cometan todo tipo de arbitrariedades políticas y hacendarias justificadas por su triunfo en las urnas o no avalar ya más la situación y abstenerse, cosa que sólo sería una muestra más de malestar ante la situación pero no afectaría las prebendas de los partidos, ya que ésas están garantizadas por la ley.

Las reformas que se han hecho a la legislación electoral han sido, por lo general, reactivas a los conflictos surgidos después de cada elección y mucho de lo que padecemos ahora es reflejo de la ausencia de una reflexión pausada que derive en normas razonadas y racionales que contribuyan a una institucionalización imparcial y confiable de la democracia.

El hartazgo de la ciudadanía ante los abusos de los partidos, aunado a la escandalosa cantidad de dinero que cuesta mantenerlos exige revisar una vez más la legislación y hacer los ajustes necesarios antes de que se generalice entre los mexicanos la idea de que es más redituable procesar sus demandas y hacer valer sus intereses fuera de los causes institucionales que ofrece la democracia.


1 A razón de 294 pesos por dosis, precio con el que la farmacéutica Pfizer comercializa su vacuna.

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