¿Y después de la consulta popular, qué?

El 1 de agosto los mexicanos hemos sido convocados a una consulta popular en la que, en teoría, decidiremos si se tienen que emprender juicios a los ex presidentes.

Las consultas populares son instrumentos políticos que hay que usar con tiento a porque significan un llamado a la ciudadanía para que se pronuncie en directo sobre un tema delicado de interés nacional.

Por lo general, los convocantes pretenden resolver un problema político sin tener que asumir la responsabilidad total de su solución, ya que a través de la consulta intentan que los ciudadanos “les ayuden” avalando su posición sobre el tema, legitimando así una empresa que se prevé difícil de llevar a cabo.

En el caso del referendum del Brexit, el entonces primer ministro David Cameron intentó zanjar un problema al interior de su partido, ya que la fracción euroescéptica estaba ejerciendo una fuerte presión con respecto a la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. Camerón convocó al referendum seguro de que la mayoría de los británicos votaría por la permanencia y su arriesgada apuesta resultó desastrosa.

En el caso de la consulta en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un propósito semejante: legitimar su intención de llamar a juicio político a sus antecesores, dejando al “pueblo” la última palabra. Vamos a ver qué resulta de su convocatoria, porque una de las condiciones para que el resultado sea vinculatorio es que participen 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Si revisamos el comportamiento de los mexicanos con respecto a este tipo de consultas es probable prever que no se alcanzará esta cifra ya que en ocasiones anteriores la participación ha sido escasa. Esto puede explicarse porque uno de los rasgos de nuestra cultura política es el del cinismo, que significa que tenemos muy poca confianza en nuestra capacidad de incidencia en las decisiones que se toman sobre asuntos públicos. De estar en lo cierto, el tema del juicio a los expresidentes se convertirá en un problema para el actual mandatario, ya que su propósito de castigar presuntos actos de corrupción no tendrá ya el potencial político y discursivo de ser el resultado de la voluntad popular.

Paso ahora a la polémica pregunta: en su origen el fraseo podía haberse planteado de una forma muy sencilla, para que fuera comprendido por todos los participantes y para que creara una clara conciencia de que al votar si o votar no lo que se estaba decidiendo era llamar o no llamar a juicio a los expresidentes. Tal vez podría haber sido planteada así: ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que se enjuicie a los expresidentes que hayan cometido actos fuera de la ley?

Entiendo que la pregunta que propongo sería imposible de plantearse así porque estaría violando la Constitución. Es por eso que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un afán contemporizador se lavaron las manos y propusieron esta obtusa redacción: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El traductor me indica que en chino se diría:您是否同意根据宪法和法律框架采取相关行动,以澄清政治行为者近年来做出的政治决定,旨在保障正义和潜在受害者的权利?Y en ruso así: Согласны ли вы или нет с тем, что соответствующие действия должны осуществляться в соответствии с конституционными и правовыми рамками для прояснения политических решений, принятых в последние годы политическими субъектами, направленных на обеспечение справедливости и прав потенциальных жертв?

Me permito la ironía porque, aunque en castellano, la pregunta parece formulada en un idioma ininteligible, estoy convencida que ni las personas que tienen interés en los asuntos políticos y un conocimiento aceptable de la política en el país saben que pasará después a los expresidentes de resultar mayoritaria la opción si. Y no sólo esto, sino si “los actores políticos” es un eufemismo para referirse a los exmandatarios y si los sujetos a “esclarecimiento” serán sólo ellos o habrá más llamados al banquillo de los acusados,

Una de las primeras lecciones que se aprende cuando se tienen que elaborar preguntas para cualquier tipo de consulta es que el fraseo tiene que ser muy claro, muy conciso, que no debe reflejar ningún sesgo y que la respuesta no puede no dejar espacio a la interpretación. De lo contrario, el ejercicio además de tedioso y costoso, será inútil.

Y me detengo en los adjetivos tedioso y costoso porque no son asuntos menores. Los responsables de la vigilancia de las mesas receptoras serán algunos de los ciudadanos que el 6 de junio fueron funcionarios de casilla, que volverán a tener la monserga de vigilar que no suceda nada irregular, que se obedezcan los protocolos sanitarios y que se cuenten de forma adecuada las papeletas.

En cuanto al costo, como siempre, la democracia es cara para un país con muchas necesidades apremiantes como México. Además de los costos de logística de la instalación de 57 000 mesas receptoras, el Instituto Nacional Electoral mandó a imprimir 93.5 millones de papeletas con cuatro medidas de seguridad: microimpresión, impresión invertida, imagen latente (sólo visible a través de una mica decodificadora) y tinta invisible; y especulando conservadoramente sobre un costo por boleta de 30 pesos, esto da una cifra de 2 805 millones de pesos que bien podrían servir para acondicionar las escuelas que fueron saqueadas o dejadas al olvido durante estos largos meses de pandemia.

¿Y después de la consulta, qué? Qué es lo que esperan los partidarios del si: ¿qué los expresidentes se conviertan en los Hidalgo, Aldama y Allende modernos y sus cabezas sean exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas? ¿qué los saquen a barrer las calles como a los presos de la película México de mis Recuerdos? ¿qué los tomen por sorpresa en un allanamiento policial de sus domicilios y un arresto in situ, como le sucedió al expresidente brasileño Luis Lula da Silva? ¿qué se despliegue un show mediático en el que se nos muestren capítulo a capítulo los juicios y las sentencias que a la postre les llevarían uno a uno a la cárcel? o, aún mejor, que después de mostrar todas sus fechorías el presidente López Obrador, en un acto de magnanimidad, decida olvidar viejos agravios y solicitar el perdón para alguno de sus antecesores?

De ser tomadas con la seriedad debida, antes de convocar este tipo de consultas, los gobernantes tendrían que sopesar con cuidado las consecuencias de sus resultados. En México hay mucho enojo por la manera en que algunos políticos han usado sus cargos para hacer un traslado impúdico del erario público a sus patrimonios privados. De resultar vinculatoria la consulta, si no se procede a “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” que derive en el castigo a “los actores políticos” que hayan delinquido, esto será interpretado como una parodia más de la promesa de transformación por la que votaron muchos mexicanos en el 2018.

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