La sociedad civil desde la 4T ¿Pueblo bueno vs fifís, o recolonización de la esfera cívica desde la política?

Dichos y hechos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han puesto en tela de juicio la conformación actual de la sociedad civil mexicana al contrastarla con el proyecto nacional de la denominada “cuarta transformación” (4T). Desde la campaña presidencial AMLO ha denominado en varias ocasiones a la sociedad civil de fifí, es decir, cruzada y conformada por los intereses mercantiles. Por otro lado, dos hechos en semanas recientes implicaban a las organizaciones civiles (OSC) y a los movimientos sociales. Por una parte, la decisión gubernamental de eliminar los recursos destinados a las OSC por medio de programas sociales en los que intervenían, bajo el argumento de evitar la “intermediación” en la entrega de los beneficios. Por otra parte, en una reunión pública con activistas del movimiento de mujeres el presidente conminó a los movimientos sociales a sumarse al proyecto nacional dado que los malos gobiernos y el neoliberalismo habían llegado a su fin.

Si la cuarta transformación se presenta como un proyecto de renovación nacional bajo la premisa de realizar una reforma de amplio calado en los diferentes niveles de la esfera pública, se hace necesario y urgente comprender qué conformación de sociedad civil es la que su principal promotor, el presidente de la república AMLO, debiera acompañar dicho proyecto nacional. Con la finalidad de analizar este fenómeno e identificar cuáles son las implicaciones de las críticas y de los planteamientos se requiere tener una aproximación al diagnóstico que el ejecutivo realiza sobre el estado de cosas actual, contrastarlo con las iniciativas y el deber ser que el mismo presidente plantea en la materia, y situar dichos y hechos en el terreno conceptual.

Aceptando sin conceder los argumentos esgrimidos por el ejecutivo hasta el momento resulta necesario preguntarse, si la sociedad civil es fifí ¿de qué manera la 4T promoverá un sistema de relaciones con esta? Si el financiamiento gubernamental para las OSC no tiene razón de ser ¿Cuál es el proyecto para estas organizaciones? ¿Cómo se supondría que este sector se relacionaría con la 4T? Si la(s) agenda(s) de los movimientos sociales, considerados como un macro actor, pueden ser representadas por medio de la 4T ¿Cuál es o debiera ser la razón de ser de los movimientos sociales, la defensa del proyecto nacional o la inacción? La respuesta a este conjunto de preguntas desvelará parcialmente de qué forma y con qué comprensión de sociedad civil pretende articularse el gobierno en relación con el proyecto nacional de la 4T. Más aún permitirá identificar de qué forma los dichos y hechos pretenden estimular, desentender o debilitar a la sociedad civil mexicana.

Lentes para mirar a la sociedad civil moderna mexicana

La polisemia de la noción de sociedad civil hace que este concepto se escabulla fácilmente entre las manos. Mediante concepciones negativas de sociedad civil –esto es a partir de los factores que no la conforman- podemos tener un entendimiento general; por otro lado, los elementos constitutivos del concepto dan pauta para identificar unidades a analizar; mientras que al sumar ciertos mecanismos de interacción sociedad-Estado es posible dilucidar un entendimiento de sociedad civil. Este no el espacio para realizar una disertación teórico conceptual al respecto, baste con señalar algunos factores, elementos y mecanismos.

1. En principio partimos de la convención que establece que la sociedad civil no es ni el mercado, ni el Estado. La sociedad civil es una esfera diferenciada pero que a su vez se encuentra imbricada con esas otras esferas.
2. La sociedad civil no aspira a tomar el poder, se encuentra autocontenida; aunque su tarea consiste en influir a las otras esferas (mercado y Estado), así como aquellas tratan de influirla.
3. La sociedad civil es un espacio de disputa donde se define quién pertenece o no a ella; esas disputas conllevan procesos de colonización y diferenciación en relación con el Estado, el mercado y la religión. Es decir la disputa por definir qué valores, concepciones, instituciones, formas de interacción social imperan en lo público.
4. Qué o quiénes forman parte de la sociedad civil, en principio todos los ciudadanos, aunque esta tiene sus abanderados: las asociaciones de carácter voluntario –entre estas muchas clasificaciones como las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, organizaciones del sector no lucrativo, gremiales y hasta religiosas-, y los movimientos sociales que buscan fines materiales o simbólicos.
5. Mientras que las asociaciones voluntarias promueven el bienestar social y son escuelas de “prácticas democráticas”, los movimientos sociales son el factor dinamizador de la sociedad civil para su autoconstitución, autodefinición y diferenciación de las otras esferas. Los movimientos sociales dan pauta a la creación de solidaridades y el planteamiento y replanteamiento de temas de carácter público.
6. Los tribunales y los medios de comunicación coadyuvan a la definición de lo público. Los primeros defienden y definen los derechos de ciudadanía, los segundos promueven valores de diferente tipo que reproducen y configuran exclusiones e inclusiones en la esfera cívica.
7. Una sociedad civil diferenciada de las otras esferas, autoconstituida, y autodefinida se caracteriza por su pluralidad en donde se movilizan diferentes intereses y valores, donde su eje definitorio es el universalismo o la lógica de los derechos humanos.

A partir de esta serie de argumentos será posible dar una interpretación de los dichos y hechos de AMLO y su gobierno en relación con la sociedad civil y su proyecto de la cuarta transformación.

El “pueblo bueno” y la paradoja de la sociedad civil fifí

En términos práctico, la idea de una sociedad civil fifí planteada desde hace algunos meses por el presidente de la república estaría definida por los intereses mercantiles, y dirigida por sus agrupaciones gremiales. Esto es a lo que autores como Cohen y Arato (1999) desde la filosofía política denominarían la colonización de la sociedad civil, o lo que desde el marxismo se definiría como la hegemonía del capital en la sociedad derivando con ello una sociedad civil burguesa (Gramsci 1979). Esto es el predominio de las organizaciones representativas de los intereses de clase burguesa sobredeterminado la esfera civil, y acotándola a la reproducción de lógicas de relacionales mercantilistas más que de solidaridad. La construcción discursiva de la sociedad civil fifí que realiza AMLO se encuentra más próxima al lente bifocal de la lucha de clases, y menos a un espacio autónomo y diferenciado en correspondencia con las otras dos esferas como se aprecia en sus planteamientos y como reconoceremos aquí.

Al momento de plantear la relación sociedad-Estado, AMLO insinúa dos alternativas políticas que se presentan de manera contrastante. Por un lado, el reconocimiento y establecimiento de alianzas con las organizaciones empresariales, es decir, con el sector que se supone es dominante o hegemónico de la sociedad civil; por otro lado, la propuesta de formas de democracia directa y plebiscitaria basadas en los sustancialismos del “pueblo bueno” y el “pueblo sabio”.

Cuando se observan las intersecciones de la sociedad civil con el mercado y la política, el problema es que un sector sea reconocido y otros sean dejados de lado, que otros intereses gremiales y societales no estén implicados. Lejos de realizar una crítica al acercamiento del gobierno con las organizaciones empresariales, la crítica es el no reconocimiento de otros actores. Una balanza cuyos pesos son desproporcionados desde que en dichos y hechos las organizaciones de la sociedad civil son desconocidas al denominarlas “intermediarias”.

El modelo de democracia directa conlleva a que las decisiones estén basadas en la colectividad asumiéndola como unidad conformada por un conjunto de individuos desagregados. El “pueblo bueno y sabio” descarta los intereses específicos que la pluralidad de las sociedades modernas presenta, y antepone el interés general a los intereses de las minorías. Cuando AMLO habla sobre la realización de una consulta a propósito del aborto –o como suponía para el matrimonio igualitario- se apuesta a suplantar la argumentación de un grupo social excluido por las valoraciones morales mayoritarias, omitiendo principios universales de derechos humanos.

Desde la visión cultural de sociedad civil (Alexander 1999, 2006) la clasificación de sociedad civil fifí que realiza AMLO tiene un carácter polarizante en el discurso, situando lo bueno vs lo malo, lo sacro vs lo profano. Si se observan los elementos constitutivos de la sociedad civil y su articulación con el mercado y la política es posible reconocer la lógica realista del argumento, detengámonos momentáneamente en este punto, para complementarlo con las dos secciones siguientes.

En el terreno de la emergencia de la sociedad civil mexicana durante la década de los años setenta las organizaciones empresariales se presentaron como actores autónomos, conformaron nuevas asociaciones alejadas del pacto corporativo posrevolucionario caracterizado por el dominio de la política sobre el mundo de vida: valores, reglamentaciones, grupos reconocidos socialmente. En los años ochenta las organizaciones empresariales autónomas, a las que el Estado reconoció, tuvieron una importante participación en las demandas por la transparencia electoral y su participación en el apoyo de candidatos opositores al régimen, provenientes del Partido Acción Nacional. Mientras que durante la implementación del modelo económico neoliberal, entrados los años noventa, estas asociaciones tuvieron cabida en las decisiones económicas y de políticas públicas como ninguna otra. La autonomía de las asociaciones articuladas con el mercado ha permitido que desde entonces los sectores representantes de la economía formen parte de un segmento de la sociedad con un importante reconocimiento y efectos en la vida pública.

Si el factor de definición de la sociedad civil se hallará en las clases sociales, la otra cara de la moneda estaría representada por los intereses de las clases populares como sindicatos, movimientos campesinos, asociaciones gestoras de servicios y bienes públicos cuya autonomía es relevante para exigir y demandar derechos articulados con lo material. Sin embargo, muchas de estas asociaciones han sido cooptadas por actores políticos siguiendo lógicas de clientelas y patrimonialismo. En contraste con el dicho de una sociedad civil fifí la realidad histórica del México posrevolucionario y pos-régimen autoritario conserva -con algunos matices diferenciados a aquellos años de partido único- una sociedad civil tan invadida por la política, como lo es por el mercado.

Hoy en día las implicaciones reales de la sociedad civil fifí y la sociedad política ocupando parcelas de la sociedad civil son muy relevantes, sin embargo, sus representaciones no son las únicas invitadas a la mesa del banquete de la sociedad civil mexicana, aunque estuvieran deseosas de ocupar todos los asientos. En contraste, la particularidad es que los otros actores sociales concentran agendas plurales difíciles de asir y encasillar, aunque con capacidades de influencia relevantes, e igualmente constituidos de diferentes maneras y con diferentes interacciones con las esferas de la política y la economía, me centraré en estos actores en las dos secciones siguientes en resonancia con los planteamientos de AMLO.

El coyotaje del bienestar ¿Hacia la fifización de las OSC?

El pasado 14 de febrero rondaba una circular presidencial en las oficinas de gobierno ordenando la cancelación del presupuesto que se asigna a las organizaciones de la sociedad civil por medio de programas de carácter social. El argumento sostén de esta decisión fue que los recursos gubernamentales no llegaban directamente a los beneficiarios de los programas. Entonces, la “intermediación” que supone las actividades de las OSC al manejar recursos públicos se ha sustituido –parcialmente- por transferencias monetarias directas.

Las transferencias monetarias en sustitución de las actividades de las OSC suponen tres simplificaciones críticas: (1) la complejidad de los problemas sociales se resume en una solución de carácter material-monetario desconociendo el tratamiento diversificado que ofrecen las OSC; (2) el individuo y en todo caso las familias pueden hacerse cargo de los problemas sociales, y (3) las actividades de las OSC entran en una lógica de competencia con el quehacer estatal, en términos de eficacia y legitimidad.

La simplificación de lo material rápidamente contrasta con aquellos problemas sociales que tienen que ver con las diferentes formas de exclusión que operan en detrimento del reconocimiento de ciudadanía y por ende de derechos. Mientras que los lacerantes efectos de la violencia –en sus diferentes ámbitos y niveles- tampoco son atendibles por medio de la transferencia de recursos. Por ejemplo, las OSC que mantienen los refugios para mujeres que sufren violencia doméstica, cuyas medidas además de separar a la víctima de su victimario están acompañadas de apoyo sicológico, no podría suplantarse mediante el ofrecimiento de un suma monetaria a las mujeres agredidas. La perversión de la política llevaría potencialmente a incrementar el ingreso del victimario, y en todo caso a no resolver el problema.

Unos de los atributos de las OSC es su capacidad para traducir los recursos, que no sólo tienden a ser materiales sino también de capital social y cultural, en estrategias de bienestar concretas. Asociaciones ofreciendo apoyo sicológico, realizando actividades culturales, estableciendo lazos comunitarios, identificando la especificidad de los problemas de pobreza, desnutrición, educación, así como de violencia en sectores, poblaciones y localidades.

En la década de los años noventa claramente Esping-Andersen señalaba que ante la crisis del Estado de bienestar la solución de los temas en relación a la procuración de ciertos servicios y bienes como el cuidado de los infantes, las personas de la tercera edad, la atención a ciertas enfermedades, tendría que caer en manos de las asociaciones voluntarias, las familias, o el mercado. Independientemente de que el neoliberalismo haya sido “abolido” recientemente por el presidente y que el bienestar sea el eje del proyecto nacional, las transferencias monetarias propuestas por AMLO, paradójicamente, hacen eco con la solución neoliberal y/o con la declaratoria de una crisis el Estado benefactor.

Las transferencias monetarias ponen la mirada, en primer lugar, en la alternativa que representan las familias, partiendo del supuesto que los problemas sociales aminoraran, mientras que el ingreso familiar aumente. Cuando los problemas sociales se articulan a la solución por parte del individuo o la familia algunas temáticas se resuelve parcialmente pero existe una curva donde tal involucramiento no es suficiente. Las familias al provenir de la esfera de lo privado reproducen un conjunto de violencias y disfuncionalidades (Alexander 2006) que requieren ser sorteadas de otra manera. En segundo lugar, por medio del aumento en el ingreso los individuos decidirán en donde invertirán para resolver su problema, esta es la solución liberal apoyada en el mercado. Evidentemente, el mercado difícilmente se hace cargo de los sectores marginados o con escasos ingresos monetarios si a cambio no recibe una serie de estímulos fiscales.

Hasta el momento, paradójicamente, las OSC no han formado parte del discurso para coadyuvar a la solución de los problemas articulados con el bienestar. Al contrario, al ser definidas como “intermediarias” se sostiene que los recursos que deberían llegar a los individuos son utilizados por estas asociaciones con fines que pueden ser desde políticos hasta económicos, en donde el clientelismo, la subordinación, la estafa, y la corrupción imperan.

Hace dos décadas, Dirk Messner y Norberto Lechner señalaban que la complejidad de las sociedades modernas ponía en tela de juicio los alcances y capacidades de los estados, ya fueran estos de carácter liberal o social. Por una parte, la política universal del Estado benefactor impide atender las particularidades de los problemas sociales regionales y comunitarios, de sectores y colectividades específicas, así como la vertiginosidad de las causas y consecuencias de los problemas. Por otra parte, la reducción del gasto público en el modelo liberal, y su atención en la resolución de los temas prioritarios focalizados conduce a la desatención de una infinidad de temas dejando en manos la atención de quien pueda y quiera resolverlos, con un claro giño al mercado.

Las OSC se caracterizan por proveer el bienestar, enfocadas en atender las preocupaciones materiales, simbólicas y sicológicas locales y comunitarias. Las OSC atienden las especificidades donde los “grandes brazos estatales” no llegan, en los intersticios sociales que la configuración demográfica, la extensión territorial, y la pluralidad representan. Las acciones de las OSC tienen la ventaja de desarrollarse de manera más rápida que las acciones del Estado, se encuentran en la mayoría de los casos basadas en conocimiento experto, y ofrecen soluciones concretas a los problemas y necesidades sociales.

El “coyotaje” de las OSC supone además de perversión en el manejo de los recursos, competencia en las actividades con el Estado en términos de eficacia y legitimidad. Una característica central de la sociedad civil es su “autocontención” esto es que sus acciones no se concretan en tomar el poder, sino en su papel democratizador. Las OSC en este caso, como está demostrado, generan en realidad apoyos, colaboración ante los problemas concretos y específicos, pero también contrapesos y vigilancia a las acciones gubernamentales, así como iniciativas de políticas y leyes para grupos marginados. El papel dinamizador de la política en relación con la sociedad no puede ser entendida sin la sociedad civil, en donde las OSC forman parte de esta.

La declaratoria de cancelación de los recursos por parte del Estado destinados a las OSC por el momento ha conducido al estancamiento de sus programas y actividades. Las alternativas que se presentan para estos actores sociales consisten en demandar al Estado restablecer los financiamientos, buscar los recursos de corte estatal y local, seguir la vía de los financiamientos internacionales -rutas seguramente ya exploradas por muchas de las asociaciones-, y renovar las alianzas con el mercado. Estas últimas alianzas requieren garantizar la autonomía de las OSC para evitar que el diagnóstico de la 4T se convierta en pronóstico: la reproducción de una sociedad civil fifí.

La agenda de la 4T ¿La agenda de los movimientos?

En el evento oficial de conmemoración del día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de marzo pasado, en presencia de asociaciones y activistas del movimiento de mujeres, AMLO conminó a los movimientos sociales a sumarse a la agenda gubernamental y al proyecto nacional dado que el régimen autoritario-neoliberal había llegado a su fin. El discurso supone la representación de los intereses de los movimientos sociales por parte de su gobierno, mientras que plantea que la unificación del interés por un proyecto nacional supone desestimar agendas específicas.

El carácter de legitimidad y resonancia de AMLO con los movimientos sociales parte del contexto histórico que circunda su arribo a la presidencia. En la década los setenta surgieron un conjunto de movimientos sociales con diferentes agendas específicas que encontraban en el cambio de régimen político alternativas de solución a sus demandas, desde movimientos sindicales, populares, homosexuales, de mujeres conformaron alianzas que perduraron por medio del contacto entre activistas –algunos convertidos posteriormente en políticos-. La llegada al poder de un partido de izquierda ha sido leída como el triunfo de esa lucha continúa de movimientos sociales que sitúan su referencia en la movilización estudiantil de 1968. Por otro lado, la asunción de AMLO al poder se basó en una lucha continua de varios años apoyada por diferentes grupos sociales que se aliaron a su causa. Frente a la elección de 2006 y la declaratoria de que los resultados no le favorecían, AMLO decidió establecer estrategias de movilización social tomando como adversario a la “mafia en el poder”, lo que se traducía discursivamente en el cambio de régimen político. Desde entonces y después de su desprendimiento del PRD, AMLO decidió fundar el partido político Movimiento Regeneración Nacional al que se sumaron diferentes actores críticos del régimen desde intelectuales hasta colectivos populares y juveniles. El partido político creció rápidamente en preferencias electorales ante los desaciertos gubernamentales, la falta de confianza, y el ofrecimiento de un cambio político y social. El aval argumentativo de AMLO para presentarse como vocero, representante y promotor de las luchas sociales tiene esta base de hechos y acontecimientos sociales, en otro contexto la expresión de cualquier político de conminar a los movimientos sociales a sumarse a la causa gubernamental sería una total desfachatez.

En la expresión utilizada por el ejecutivo de una sociedad civil fifí, los movimientos sociales no formarían parte de esa sociedad civil sino del proyecto nacional de cambio, son potenciales aliados de la 4T. Los movimientos sociales forman parte del “pueblo bueno” -hasta que no demuestren lo contrario-, mientras que al ser promotores de “particularismos” estarían obstruyendo el proyecto nacional, estos agendas no prioritarias para el gobierno. El riesgo de una interpretación de sociedad civil desde la perspectiva de clases sociales, y una lectura de realpolitik conducen a la polarización y suponen a los actores sociales como aliados o enemigos.

La moneda de la sociedad civil no se vale exclusivamente de sus dos caras distinguidas por las diferencias de clase, ya que su contorno muestra una pluralidad de actores modernos persiguiendo fines no materiales, subjetivos, simbólicos, por ejemplo, el movimiento zapatista a paso de caracol –una temporalidad disonante con la modernidad-, la movilización de víctimas, los derechos humanos, los colectivos en apoyo a los migrantes desde los religiosos hasta los seculares, los movimiento ambientalistas, entre otros tantos.

Es de reconocerse que México no posee una amplitud asociativa per cápita como la tienen otros países latinoamericanos, sin embargo sus movimientos sociales han dado importantes lecciones regionales. El movimiento de mujeres con el reclamo internacional de justicia ante la violencia en la frontera norte; la concreción de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México; el Movimiento LGBT mexicano formando parte de la denominada “Revolución de los derechos sexuales” en American Latina. El movimiento zapatista mostrando sus posiciones contrastantes con los planes gubernamentales para la región del sureste, aunque ya sin contar con la increíble fuerza de un movimiento global por la diversidad cultural como lo tuvo en las vísperas de este siglo. Es evidente que la vitalidad de estos movimientos sociales mediante las agendas posmateriales y los derechos que se demandan bajo el cobijo de la diversidad y las minorías no forma parte de una lógica de clase, pero sí de la autodefinición de la sociedad civil mexicana.

La declaración de AMLO realizada el 8 de marzo frente al movimiento de mujeres fue desafortunada no solo en términos de la diferenciación entre política y sociedad civil, sino en términos prácticos para estimular la articulación de los movimientos con el proyecto de la 4T. En esos mismos días cuando la marcha de las mujeres retomaba el tema del derecho a la interrupción legal del embarazo, y en el Senado se daba una discusión pública espontánea en la bancada de Morena acerca del posicionamiento en contra y a favor, apregunta expresa de la prensa sobre su posicionamiento ante el tema, AMLO dijo que no buscaba atender temas polarizantes y que en esta ocasión lo dejarán no expresar una opinión o posición.

Desde el terreno conceptual los movimientos sociales son la prima facie de la dinamicidad de la sociedad civil, sin los movimientos sociales las asociaciones por si solas difícilmente podrían garantizar su autodefinición, evitar la colonización de las otras esferas, y garantizar su diferenciación. En este sentido, más allá del contexto histórico que tiene la llegada de un personaje de izquierda aliado de ciertos movimientos sociales, la misma diferenciación que ofrece la esfera de la política hace imposible la representatividad de las demandas por el cambio social sobre todo porque los movimientos sociales potencialmente pueden afectar la popularidad y legitimidad del presidente.

El papel de los movimientos sociales no consiste en su articulación con el gobierno o el Estado. Cuando las causas que promueve el gobierno hagan resonancia con los fines concretos y específicos de cambio social de los movimientos sociales potencialmente decidirán o no apoyar las agendas. Esto es así en principio porque los movimientos sociales suelen poseer un carácter de autonomía mayor que otras representaciones en la sociedad civil.

Comentarios finales

La dicotomía sociedad civil fifí vs pueblo bueno opera discursivamente para acentuar la geografía sociopolítica de lo que es y debiera ser la sociedad civil. Sin embargo, ni el rechazo discursivo de una categoría (fifí) ni la pulverización de la otra exaltada (pueblo bueno) corresponderían con una sociedad civil moderna y diferenciada. En este tenor discursivamente pluralismo y universalismo son dejados de lado.

En términos del proyecto de la 4T esgrimido por el presidente, el escenario deseable sería que los actores sociales comulgarán con el proyecto; sin embargo, la pluralidad de los actores y sus intereses no pueden ser desestimados a partir de discursos. En contraste, en los hechos se ha tenido que reconocer la articulación con diferentes actores, entre estos se encuentran las asociaciones gremiales empresariales y algunas sindicales, la CNTE como claro ejemplo de estas últimas; se identifica un coqueteo que con asociaciones religiosas, por ejemplo, con Confraternice para otorgarles espacios radioeléctricos; en relación con los movimientos sociales y sus asociaciones se tiene en primera línea a las víctimas del crimen organizados (familiares, amigos y cercanos). El evento presidencial frente a un sector del movimiento de mujeres no se entendería sin la fuerza, consistencia y relevancia que este movimiento representa.

De este modo ¿qué caracteriza a estos actores que están por fuera del discurso pero que en los hechos son reconocidos en la lógica relación sociedad-Estado? Por un lado, consisten en aquellos actores que comulgan con los intereses del proyecto transformador, así como aquellos que se caracterizan por su autonomía. Paradójicamente el sector más representativo de la sociedad civil fifí forma parte de este agregado hasta el momento cumpliendo con estos dos supuestos.

La creación de un nuevo pacto social en la relación sociedad-Estado tiene como telón de fondo la recolonización de la sociedad civil por parte del Estado en un arreglo cuasi-corporativo por una parte, por otra parte pulverizando y desagregando a los ciudadanos al promover la democracia directa en contraste con el asociativismo, con un potencial efecto no intencionado la recolonización de la sociedad civil por parte del mercado. Bajo el entendimiento de que estos procesos encuentran tensiones desde la misma sociedad civil mexicana, que aunque joven, se reconoce por actores sociales relevantes que disputan y disputarán al Estado y el mercado.

En todo caso, el papel de la sociedad civil mexicana consistirá en su auto-constitución y en la disputa por el mantenimiento de su diferenciación. En breve, esto es la exigencia por el mantenimiento de los recursos públicos para las OSC, en el quehacer de los movimientos sociales en sus agendas articuladas con la justicia, y en la reinvención de nuevas formas de interacción con el Estado en un reconocimiento mutuo. Un elemento clave, demostrado en los hechos recientes en la interacción sociedad-Estado, será el mantenimiento de la autonomía por parte de los actores sociales que permita evitar las intromisiones del Estado y el mercado.