Inequidades en el acceso a la salud: un desafío persistente en la salud pública

En un país como México, marcado por contrastes sociales, políticos y económicos, el acceso a la salud aún no llega a todos los rincones. De acuerdo con el Informe mundial sobre los determinantes sociales de la equidad en salud, 2025, estos factores sociales pueden influir en los resultados de salud incluso más que las influencias genéticas o el acceso a la atención sanitaria.

El informe muestra que América Latina y el Caribe sigue siendo la región con los niveles más altos de desigualdad en el mundo, México, con su riqueza de alma y cultura, arrastra sin embargo una deuda silenciosa: la de brindar atención médica justa y digna. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2022, el 39.1% de la población mexicana, es decir, alrededor de 50 millones de personas, no tenía acceso a servicios de salud.

El acceso equitativo a los servicios de salud es un derecho fundamental consagrado en múltiples instrumentos internacionales y en la legislación mexicana, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 4º establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Mientras que algunos sectores de la población cuentan con atención médica de alta calidad, como lo demuestra el hecho de que solo el 0.22 % de los establecimientos de salud en México, es decir, apenas 86 de un total de 37 427, fueron acreditados por el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica (Sinaceam) en 2024, otros enfrentan barreras económicas, largas distancias hasta los centros de salud y escasez de recursos médicos. Esta disparidad no solo agrava la carga de enfermedades prevenibles, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y marginación.

Según el Compendio de indicadores estatales sobre el derecho a la salud, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2023, uno de los indicadores más relevantes en materia de accesibilidad económica es el porcentaje de población derechohabiente que no incurrió en gastos la última vez que recibió atención médica en instituciones públicas. Este dato, correspondiente a 2022, permite identificar avances o rezagos en la gratuidad de los servicios públicos de salud.

Catorce entidades federativas superaron el 90% en este indicador, destacando Baja California (95.1%), Chihuahua (95.0%) y Nuevo León (92.6%) como las de mayor cobertura gratuita. No obstante, persisten brechas importantes entre los estados: Tabasco (80.1%), Oaxaca (78.5%), Chiapas (76.0%) e Hidalgo (75.5%) registraron los porcentajes más bajos. Estas diferencias reflejan que, si bien se ha logrado cierto grado de gratuidad en amplias regiones del país, aún existen desigualdades relevantes en el ejercicio efectivo del derecho a la salud sin costos directos para la población.

¿Tenemos calidad en la atención?

En la subdimensión de atención y servicio médico de calidad, un indicador clave es el porcentaje de personas que esperaron 30 minutos o menos para ser atendidas en su última visita por problemas de salud. Este dato refleja qué tan eficiente es el sistema en términos de personal, infraestructura y tiempos de respuesta.

Entre 2016 y 2022, 25 estados mejoraron en este indicador, lo que sugiere avances en la capacidad de atención. Los porcentajes más altos se registraron en Baja California Sur (64.9 %), Chihuahua (64.7 %) y Oaxaca (63.4 %). Por el contrario, en siete estados hubo retrocesos, destacando la Ciudad de México (42.5 %) y el Estado de México (41.6 %) con los niveles más bajos. Estas diferencias muestran que, además del acceso, aún hay retos importantes para garantizar una atención médica rápida y de calidad en todo el país (CONEVAL, 2023).

En México, el sistema de salud presenta una marcada fragmentación entre el sector público y privado. Mientras instituciones como el IMSS, ISSSTE y los servicios estatales intentan cubrir a la mayoría de la población, millones de personas, especialmente aquellas en situación de informalidad laboral o sin seguridad social, dependen de servicios limitados ofrecidos por el sector público o tienen que recurrir al gasto de bolsillo para acceder a atención médica. Esta situación coloca a las familias de bajos ingresos en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que el gasto en salud puede representar un porcentaje considerable de su presupuesto mensual.

La población rural es otro de los grupos más afectados por las inequidades en salud. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, muchas comunidades siguen sin acceso a clínicas funcionales, medicamentos básicos o personal médico capacitado. El aislamiento geográfico, la falta de transporte y la escasez de inversión en infraestructura dificultan el acceso oportuno a servicios médicos, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos, aumentando la tasa de complicaciones e incluso la mortalidad por enfermedades que podrían prevenirse o tratarse con facilidad en contextos urbanos.

Asimismo, los pueblos originarios y las minorías étnicas enfrentan obstáculos específicos que incluyen barreras lingüísticas, discriminación estructural y falta de atención culturalmente adecuada. Estos factores no solo limitan el acceso físico a los servicios de salud, sino también su calidad y efectividad. La falta de personal médico que hable lenguas indígenas, por ejemplo, impide establecer una comunicación efectiva y disminuye la adherencia a tratamientos.

La solución va más allá de la tecnología

En este sentido, Rebeca de Gortari Rabiela, doctora en Historia Comparada y especialista en estudios sociales de la ciencia y tecnología en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; María Josefa Santos Corral, investigadora del mismo instituto con trayectoria en el análisis cultural de la tecnología; y Marco Lopátegui Torres, maestro en Relaciones Internacionales y ex secretario académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advierten que para que las herramientas tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial aplicada al sector salud, sean efectivas y significativas, deben legitimarse en los contextos sociales específicos donde se implementan. Subrayan que la utilidad real de estas innovaciones depende de que se diseñen considerando no solo los requerimientos técnicos, sino también las necesidades sociales y simbólicas de las comunidades que las utilizarán.

Esta visión resulta clave al pensar en estrategias de salud pública más inclusivas, donde la tecnología, en lugar de profundizar brechas, contribuya a reducirlas. Así, la IA y otras herramientas pueden convertirse en aliadas para enfrentar los desafíos de salud más urgentes, desde el diagnóstico oportuno hasta la atención personalizada y culturalmente pertinente.

La investigadora Rebeca de Gortari (2023) resalta la importancia de consolidar una política pública sólida en ciencia, tecnología e innovación (CTI) como vía para promover el bienestar social y sanitario. Subraya que, para lograrlo, se requiere una institucionalidad más robusta que integre a todos los actores del sistema nacional de innovación, con financiamiento sostenido desde el Estado y el sector privado, políticas explícitas con mecanismos claros, así como normas de transparencia y evaluaciones rigurosas. Esta perspectiva invita a pensar que la reducción de las inequidades en salud no solo pasa por mejorar la infraestructura médica, sino también por fortalecer la generación y aplicación del conocimiento científico al servicio de toda la población.

Finalmente, la creciente privatización de los servicios médicos ha generado un acceso diferenciado según el nivel socioeconómico. Mientras clínicas y hospitales privados ofrecen atención inmediata y especializada a quienes pueden pagarla, el sistema público se ve rebasado por la demanda, con tiempos de espera prolongados y recursos limitados. Esto genera una doble carga: la sobreutilización de servicios públicos por parte de quienes no pueden acceder al sector privado y la sensación de exclusión e ineficiencia del sistema público entre los usuarios.

En un futuro no tan lejano, la inteligencia artificial podría diagnosticar enfermedades con mayor precisión que los especialistas, predecir brotes epidémicos antes de que ocurran, e incluso asistir en decisiones éticas y logísticas en entornos rurales desatendidos. Sin embargo, estos avances solo serán sostenibles si se construyen desde una base ética y socialmente contextualizada, que reconozca las brechas de acceso y la diversidad cultural de los territorios donde se pretende implementar.

Puedes consultar el artículo “Cada vez más decisiones se toman mediante la inteligencia artificial”, a través de la página del IIS-UNAM, en el siguiente enlace. https://www.iis.unam.mx/blog/cada-vez-mas-decisiones-se-toman-mediante-la-inteligencia-artificial/ en él, se menciona que los diez proyectos relacionados con inteligencia artificial aprobados en 2021, como parte de la Alianza para Promover el Desarrollo de Capacidades Digitales en México, priorizaron la atención a problemas de salud, agricultura, videovigilancia y medio ambiente:

Referencias:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2023). El derecho a la salud para las entidades federativas de México: Compendio de indicadores para su diagnóstico. Ciudad de México: CONEVAL. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Compendio_Derecho_Salud_Int.pdf

Nearshoring News. (2024, 7 de marzo). Disminución en certificación de hospitales: 0.2 % tiene acreditación de calidad. https://www.nearshoring.news/capital-humano/certificacion/disminucion-en-certificacion-de-hospitales-0-2-tiene-acreditacion-de-calidad

Santos Corral, M. J., de Gortari Rabiela, R., y Lopátegui, M. (2023). Construir vinculación desde la inteligencia artificial: El caso de la Alianza para promover el desarrollo de capacidades digitales en México. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, 18(1), 138–155. https://www.redalyc.org/journal/4576/457672025007/457672025007.pdf

De Gortari, R. (2023). El fomento al desarrollo. Opinión 51. https://www.opinion51.com/invitada-rebeca-fomento-al-desarrollo/

Prestadora de prácticas profesionales en el IIS-UNAM

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