Extinción de dominio. Controvertido mecanismo jurídico con el que se le otorga un uso social a propiedades de origen criminal

María del Mar Diego Fernández

28 de junio de 2021

Extinción de dominio. Controvertido mecanismo jurídico con el que se le otorga un uso social a propiedades de origen criminal

Consiste en la pérdida de derechos a favor del Estado de aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse

El albergue Hogar CDMX antes de funcionar como un espacio dedicado al bienestar social era conocido como el Hotel Buenavista, un prostíbulo utilizado para la trata de personas. 

¿Qué cambió? En 2015 el inmueble fue intervenido por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal iniciando una demanda de extinción de dominio, señaló Arturo Díaz Cruz, becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Qué es y cómo opera burocráticamente la extinción de dominio 

Es una figura jurídica que consiste en la pérdida de derechos a favor del Estado de aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse,  explica el académico. El objetivo de esto es afectar las estructuras financieras del crimen organizado.  

Este proceso comienza con una averiguación penal sobre algún hecho delictivo a partir del cual se vinculan los bienes en cuestión. A partir de los indicios sobre la vinculación de algunos bienes con la investigación se abre otro proceso preparatorio de la extinción de dominio. Posteriormente se presenta una demanda por parte del agente del Ministerio Público y un juez resuelve si procede o no el caso. Con esto se inicia el juicio que finaliza con una sentencia, aclaró Díaz Cruz. 

Algunas controversias: acerca de la propiedad 

Bajo la lógica de contar con mayor herramientas para enfrentar a la delincuencia es que aparece la figura de extinción de dominio, pero esta no está libre de controversia. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta tiene que ver con el poder que esta ley da al Estado para afectar o suprimir los derechos de propiedad, agregó el académico. 

Las reacciones en contra de la ley de extinción de dominio no provienen únicamente de las clases más acomodadas, grupos heterogéneos de la sociedad civil han señalado elementos inconstitucionales, como el hecho de que los bienes asegurados puedan ser puestos en venta antes de que un juez dicte sentencia ya que esto violenta el principio constitucional de la presunción de inocencia y pone en riesgo el derecho de los individuos a la propiedad privada. 

La economización detrás de la extinción de dominio

Otra faceta que menciona el académico con respecto a esta figura jurídica es la dimensión económica detrás de esta ley que busca afectar la economía del crimen organizado.

Para Díaz Cruz es la otra cara de la moneda de la política de seguridad, por un lado se tiene los operativos de captura de grupos criminales, y por otro se busca socavar financieramente a dichos grupos. 

Para tener una idea de los valores generados, el académico compartió algunos datos del caso de México. Por ejemplo, el mercado de la heroína tiene un flujo financiero que oscila entre 3.53 y 6.39 billones de dólares. Respecto del mercado de la cocaína, se estima un rango de 3.20 y 6.33 billones, y en cuanto a las metanfetaminas, el rango es de 1.39 a 4.49 billones de dólares. 

Economía de los bienes ilícitos: resignificando los bienes 

Al exponer estos montos exorbitantes existe una alta expectativa detrás de la extinción de dominio como herramienta para desarticular al crimen organizado y retribuir a la sociedad civil.

En la Ciudad de México muchos de los bienes respecto de los cuales se declara la extinción de dominio a favor del Gobierno de la ciudad, se convierten en centros de salud, albergues, comedores comunitarios o espacios para la educación, compartió Díaz Cruz. 

La operación mediante la cual el Estado recupera estos bienes asemeja una especie de limpieza del bien, para el investigador este proceso comienza aún antes de establecer el destino “social”del bien, inicia desde que establece la demanda y el juez declara a favor del Estado. En ese momento se consolida la transformación del bien mediante un ritual jurídico que muta a la propiedad de origen criminal a tener una utilidad social y pública, concluyó el académico. 

La conferencia de Arturo Díaz Cruz se llevó a cabo el 30 de agosto de 2021, en el marco Seminario institucional La plasticidad de la violencia, coordinado por Marcela Meneses Reyes y Vicente Moctezuma Mendoza, investigadores del IIS-UNAM. El video del evento se puede consultar en https://youtu.be/Fbw_DGbGZrA