La autodefensa comunitaria es una forma de resistir al despojo

Los megaproyectos y la violencia son vías para despojar a las comunidades de sus territorios, recursos naturales y cultura


Desde el siglo pasado, las comunidades rurales e indígenas de México han sufrido las consecuencias de diferentes acciones gubernamentales encaminadas a la eliminación, despojo y explotación de sus culturas, recursos naturales y territorios que habitan. Sin embargo, en la actualidad estas acciones son ejecutadas legalmente por empresas transnacionales y justificadas por el discurso desarrollista que sustenta a las políticas neoliberales a nivel mundial.

Megaproyectos y despojo

“Las políticas neoliberales le dieron al capital transnacional acceso a los recursos minerales del país, a través de regulaciones mínimas, dejándoles la libertad de regularse sí mismos. Permitiéndoles utilizar tecnología de punta que destruye el medio ambiente, al tiempo que despoja a las comunidades de su patrimonio poniéndolos en manos de compañías privadas”, expresó Carlos Fazio, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Un ejemplo de ello son los megaproyectos que “llegan cargados de promesas, hablan de desarrollo, progreso, modernidad, futuro, conectividad y empleo”, aseveró Fernanda Paz, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y explicó, que ello ha tenido como respuesta la resistencia de las comunidades afectadas como una manera de defender su territorio, al ser éste su espacio de vida de producción y reproducción sociocultural.

Las formas actuales de expropiación tienen el nombre de “obra pública”, pero son de beneficio privado. A partir de la Ley Federal de Derechos se da una concesión a las empresas transnacionales para explorar y explotar un territorio. Dicha concesión consiste en pagar a las comunidades de $5.70 a $124.00 semestrales por hectárea concesionada. Así, México es uno de los pocos países que cobran por hectárea y no por mineral, afirmó Francisco López Bárcenas, académico del Colegio de San Luis.

Autodefensa del territorio

“Cuando en la misma ley se está legalizando el mal, la fuerza ejercida por las comunidades se vuelve legítima”, afirmó Bárbara Zamora, abogada de Bufete Tierra y Libertad. La autodefensa funciona como una vía para cambiar la situación en la que se encuentran las comunidades, pues “defienden la vida y su entorno para preservar su cultura, su lengua, su organización social, su colectivo, lo opuesto a lo que defiende el capitalismo”, expresó.

En Santa María Ostula, Michoacán, los miembros de la comunidad formaron la Guardia Comunal, en donde estos son capacitados para resguardar su territorio. Esta autodefensa nació “porque ya no le creíamos al gobierno, los mismos elementos de la marina y la militar golpeaban a nuestra gente, se relacionaba con el crimen organizado, levantaban y asesinaban a nuestros compañeros, y el gobierno no hacía nada”, compartió Jerónimo Flores, miembro del Consejo Comunal y de la Comisión de Seguridad de Santa María Ostula, Michoacán.

Baltazar Mercado, también miembro del Consejo Comunal y de la Comisión de Seguridad de Santa María Ostula, Michoacán, complementó diciendo que otro gran problema en su comunidad fue la inmersión de los partidos políticos. “Cuando había partidos en la comunidad dividían a los miembros y peleaban por sus preferencias partidistas, guardaban en su corazón el color del partido”. Y expresó que ahora sin los partidos en su comunidad pueden organizarse y lo único que piden al gobierno es que su Guardia sea respetada.

Organización comunitaria frente a la violencia

Oscar Espino, abogado y Concejal totonaca del Concejo Indígena de Gobierno, señaló que en Veracruz le ha funcionado a su comunidad tener una estrategia de defensa alternativa, frente a la alta violencia que viven cotidianamente los locatarios. Esta estrategia consiste en defender la identidad, la cultura, la memoria, estar informados, denunciar legalmente los abusos y despojos, estar organizados y reapropiarse de su territorio y recursos naturales para la producción interna.

Además, Espino, hizo el llamado a las universidades e investigadores a defender con ellos su territorio, y no sólo ir a estudiar las comunidades para cumplir con sus proyectos académicos. En este sentido, Francisco López Bárcenas coincidió y sentenció que “no somos objeto de investigación, nos gusta que lleguen los investigadores, pero somos personas y pensamos, y en muchos casos hasta somos sus maestros porque les enseñamos lo que sabemos”.

La defensa de los derechos es un riesgo probado, ya que su efectividad depende de lo que las comunidades tienen a su alrededor. “No es lo mismo luchar colectivamente por un caso, que por defender el territorio ante un megaproyecto”, refirió Magdalena Gómez, miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU). Sobre esto, afirmó que la ola violencia que se desató en Guerrero fue el resultado de enjuiciar a miembros del narcotráfico.

Estas reflexiones estuvieron a cargo de los participantes del VI Curso de investigación-docencia para promotores del desarrollo autosostenible de una comunidad o red de comunidades, coordinado por Pablo González Casanova, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS-UNAM), que se llevó a cabo del 20 al 23 de noviembre de 2018 en dicha institución.


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