Criminalizar la protesta social, una estrategia del Estado para detenerlas

Fotografía: Daliri Oropeza

Cuando la población se pronuncia en contra de las políticas neoliberales y los intentos de privatización de los recursos naturales, el Estado ha recurrido a la criminalización para detener estas manifestaciones


¿Cómo se criminaliza la protesta?

La criminalización está marcada por su carácter selectivo y puede definirse como la utilización de marcos jurídicos, estrategias y acciones político judiciales que le dan un tratamiento de ilegítimo a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, explicó el Alejandro Karin Pedraza Ramos, académico de la Facultad Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Este fenómeno se sustenta de prejuicios sociales que recaen en ciertos grupos, pero en realidad lo que está en pugna es determinar quién tiene derecho a tener el derecho exigido. Es por eso que los grupos hegemónicos utilizas diversas herramientas para construir una imagen negativa de quienes les disputan los derechos que estos grupos se atribuyen a sí mismos pero les niegan a otros, profundizó el académico.

El discurso de dibujar a los opositores de mega proyectos como amenazas del desarrollo, revoltosos o atrasados buscan desacreditar a los luchadores sociales a través de esta imagen de irracionalidad. Al criminalizar la protesta social se busca presentar como delitos acciones de protesta que anteriormente no habían sido tipificados como tales con el fin de “legítimamente” reprimir y sancionar, aclaró Pedraza Ramos.

Acompañada de esta criminalización está la judicialización con lo que coinciden la práctica de política de deslegitimación de la demanda, con la represión policiaca y judicial que busca sancionar esta protesta, concluyó el investigador.

Los casos de Atenco y Oaxaca

Jorge Daniel González Hernández, académico de la Universidad La Salle, aterrizó esta situación en dos casos específicos, los movimientos de Atenco 2001-2002 y Oaxaca 2006. El académico estudió estas manifestaciones desde su emergencia, reproducción y transformación del orden social.

En el caso del movimiento de San Salvador Atenco, la protesta se caracterizó por su confrontación con las autoridades. En el segundo caso, en Oaxaca, se muestró la conjunción de varias organizaciones comunitarias, que se unieron después de un desalojo violento por parte de las autoridades, explicó González Hernández.

El investigador comparó estos movimientos desde tres aspectos; las bases de la toma de decisiones entre ambas movilizaciones; la función de organizaciones adherentes al movimiento, destacando la importancia de los medios de comunicación; y la contribución del aprendizaje en movimientos clave de los movimientos.

En ambos ejemplos existió una confrontación directa con las autoridades, hubo un rechazo con las acciones negociadores y tuvo una gran cobertura mediática. A pesar de haber actuado de manera muy similar tuvieron resultados muy diferentes pues, mientras el movimiento de Atenco cumplió su principal demanda, en el caso de Oaxaca no sólo no lograron su demanda sino tuvieron un desenlace violento. Esto se debe a que el núcleo principal de la organización era constituido por un sindicato con estructura corporativa clientelar, concluyó el académico.

Estas reflexiones se desarrollaron durante la sesión del 26 de septiembre del Seminario Movimientos Sociales. Sociedad, Política y Mercados en la Era Global, coordinado por Javier Aguilar García, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.



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