La Actitud de los Actores Políticos en México:

De la Democracia Venidera a la Democratización Permanente.

Ponencia presentada en la reunión – diálogo del Centro Tepoztlán, con el tema ¿Se Están Construyendo las Condiciones Institucionales y Políticas Necesarias para Consolidar la Democracia en México?, Tepoztlán, Morelos, 15 de marzo de 2003.

Miguel Armando López Leyva

integrantes del seminario académico

Perspectiva Democrática

De acuerdo con la literatura sobre los procesos de consolidación democrática, uno de sus rasgos definitorios es el llamado compromiso democrático. Este implica el modo en que se desarrolla y mantiene la legitimación democrática, dicho en otros términos, cuando todos los actores políticos significativos acuerdan crear ciertas reglas que normarán el juego futuro y, más importante aún, aceptan respetarlas tanto dichos actores como la población en general. Lo anterior deriva necesariamente en dos dimensiones, comportamiento y actitud: ningún actor significativo gastará recursos en alcanzar sus objetivos mediante vías no democráticas y, además, existirá la percepción de que la democracia ha sido instaurada y, en consecuencia, que todo lo demás es debatible dentro de este marco procedimental. [1] En términos de Juan Linz, la democracia debe ser considerada como “the only game in town”. [2]

Si pensáramos exclusivamente en esta vertiente de la actitud la consolidación democrática puede hacerse visible mediante una serie de indicadores a nivel de élite y de masas, como los que propone Larry Diamond. [3] En cuanto a las élites, según este autor, la mayoría de sus líderes han de creer en la legitimidad de la democracia y manifestar esa creencia en su discurso público, ideología, escritos y simbología; en lo que toca a las masas, más del 70% de ellas creerá consistentemente en que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y que es la forma más adecuada de gobernar al país, mientras un 15% preferirá activamente una forma autoritaria de gobierno.

Al aplicar estos indicadores a México, puede estarse relativamente satisfecho respecto de la imagen que la opinión pública recrea de la democracia mexicana. Aunque la advertencia de José Woldenberg [4] es de tomarse en cuenta, en el sentido de que la cultura política mexicana padece de los estragos de nuestro pasado por lo cual “la dimensión de lo público aparece en general como un universo ajeno y poco confiable”, la valoración que la gente hace de la democracia es positiva.

Tomemos a guisa de ejemplo dos encuestas conocidas. El Latinobarómetro [5] arroja un par de datos interesantes del 2002: el 63% de la población apoya a la democracia—siendo el quinto lugar en la evaluación en América Latina—aunque sólo el 18% se siente satisfecho con la misma—ocupando el lugar 13 de entre 17 países encuestados. Por otro lado, la reciente encuesta patrocinada por la secretaría de Gobernación [6] muestra que un 62% de la población prefiere la democracia a cualquier forma de gobierno, y un 52% cree que México vive en una democracia. No obstante, hay un 32% de mexicanos que están dispuestos a sacrificar algunas libertades (de expresión, reunión y organización) con tal de vivir sin penurias económicas.

Una interpretación simple de estos datos nos diría que en México se percibe apoyable / preferible la democracia, si bien no en el alto umbral del requisito de Diamond, sí en una proporción mayor al 50%. No obstante, queda pendiente el punto de la satisfacción con sus resultados, pues en este rubro se descubre una clara insatisfacción con el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de vida que la expectativa democrática normalmente genera. La vieja tensión representación política – eficacia económica se mantiene; a pesar de ello, la gente cree que vivimos en democracia.

En cuanto a los actores “élite”, la evaluación del proceso de consolidación democrática se presta al contraste. Andreas Schedler [7] sostiene que México puede considerarse una democracia consolidada en un sentido “preciso y limitado”, pues aquí ya nadie piensa en “juegos autoritarios”, siendo el dato mas relevante al respecto el reconocimiento del PRI de su derrota del 2 de julio de 2000 y su declaración de que volverían al poder en seis años, trabajando por la vía electoral.

Esta observación es correcta. Empero, a raíz de la alternancia en el poder el compromiso democrático, expresado discursivamente, no parece arrojar las certezas que esperaríamos de él. ¿Qué ocurre cuando los actores políticos primordiales, de quienes proviene la adherencia básica al juego democrático, actúan con un claro desfase en lo que corresponde a su discurso público? Los actores políticos pueden creer o no en la democracia como la mejor forma para dirimir sus diferencias, pero por razones inesperadas, articulan sus pronunciamientos de modo tal que parecen no estar comprometidos con ella. Así, se gesta un confusión mayúscula: presenciamos en el ámbito de la política la instauración de un modelo de instituciones y prácticas democráticas pero sus actores fundamentales no aceptan en sus dichos—como requisito mínimo—que viven en ella. Algo pasa en la democracia mexicana cuando se registra esta especie de “extraño retraso de la conciencia”. [8]

Para sustentar lo anterior, me interesa explorar brevemente las percepciones de dos de los actores políticos principales, el gobierno federal y el PRI. En cuanto al primero, baste revisar el siguiente mensaje del presidente Vicente Fox. Cito: “México vive hoy una democracia, donde la expresión de las diferencias no nos asusta, porque la reconocemos como parte consustancial de la democracia”. Un párrafo después viene una declaración sorprendente: “Culminar nuestra transición sólo será posible, precisamente, con una unidad que respete la diversidad y que al mismo tiempo, como bien se ha dicho, nos permita agregar voluntades por encima de las diferencias, nos permita trabajar en equipo”. ¿A qué transición se refiere si es que el mismo presidente, en el mismo discurso y en el mismo acto, dice claramente que “vivimos en una democracia”?

Agréguese a lo anterior el modo y el propósito que, si aceptamos la versión presidencial, tiene que tener nuestra transición. Cito: “Como señalé hace unos días, debe ser una transición pactada, porque más allá de las discrepancias y la competencia política legítima se requiere de acuerdos básicos … Además, así como ha de ser pactada, también ha de ser una transición democrática, ya que exige el respeto unánime a la ley, trátese del asunto que se trate y de quien se trate”. [9] No sólo hay un claro deslinde—singular, ni duda cabe—entre la “democracia” y la “transición” que se supone debe culminar (¿en qué?, ¿en democracia otra vez?), sino que la transición debe ser “pactada” y “democrática”.

Más sorprendente aún es el expedito cambio de opinión. Por ejemplo, el presidente Fox, doliéndose del resultado de la transición, en otro discurso dijo: “Hemos buscado una transición pactada, una transición acordada como ha sido los modelos que se han dado prácticamente en todas las naciones del mundo. Y, sin embargo, hasta la fecha, prácticamente 22 meses después, no hemos logrado nuestro propósito”. [10] Cinco días después, olvida lo anterior y afirma: “En estos dos años hemos logrado cambios amplísimos. La transición política está hecha … En estos primeros dos años hemos logrado cambios amplísimos en la estructura política, de vivir una democracia real, gozar de total libertad de expresión, de total libertad de información, de una total libertad cultural”. [11] Esta es, en suma, la versión presidencial—de suyo contradictoria—de lo que he llamado democracia venidera.

Esta versión puede explicarse por varios motivos: a) la recurrente reticencia de aceptar nuestra condición democrática, aún cuando las elecciones libres, limpias y competitivas son un dato concreto desde 1997, y aún cuando el propio presidente—militante de un partido por muchos años opositor—es resultado de un proceso electoral con esas características; b) la necesidad presidencial de obtener acuerdos con la oposición (“se requiere de acuerdos básicos”), por lo cual hablar de una “transición pactada” es un recurso útil para intentar forzar esa negociación; y c) el menos complaciente, la confusión del presidente entre lo que dice y lo que realmente quiere decir, confusión de la que parece no percatarse.

Más allá de los posibles motivos, lo cierto es que persiste esta poco agraciada tentación de seguir el modelo español de democratización, conocido por sus “pactos de la Moncloa”. Bien vale la pena recordar, aunque parezca lugar común, que no toda transición tiene que ser pactada, aunque exista un reconocimiento de los estudiosos del tema de que los países con pacto democrático llevan a mejor término su dinámica democratizadora.

Sin embargo, cualquier transición responde a procesos políticos distintos. [12] De este modo, entre la voluntad y el deseo de que las cosas se den así, mediante el pacto, y la impaciente realidad de cada país, hay un trecho que no siempre es posible salvar. Además, si es que estamos en el “tiempo de la democracia”, como señala el presidente, ¿para qué queremos entonces una “transición pactada”?

No hay que olvidar que nuestro proceso de transición estuvo marcado por cuando menos dos acuerdos de naturaleza incluyente y de alcance pretendidamente largo. Lo señalo para dejar constancia de la banalidad de hablar de un “gran pacto fundacional” a estas alturas de nuestra democracia. Los dos acuerdos son: los Compromisos para un Acuerdo Político Nacional, firmados el 17 de enero de 1995, en los que se establecían las bases de la reforma electoral de 1996; y Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, firmado el 7 de octubre de 2001, acuerdo que hasta la fecha no ha arrojado mayores resultados.

Ambos documentos estaban respaldados por los tres principales partidos políticos nacionales y por el presidente en turno: Ernesto Zedillo en el primero, Vicente Fox en el segundo. De hecho, el Acuerdo del 2001 fue publicitado por el gobierno federal como un gran avance político, pues en él se plasmaban las grandes líneas generales de desarrollo del país. ¿No es éste el “pacto” que busca el presidente? ¿Qué razón hay para buscar otro “pacto” cuando ya hay uno? ¿Se trata de un “pacto para culminar la democracia” o en realidad lo que se necesita es el ejercicio rutinario y difícil de la política democrática de búsqueda de acuerdos con sus interlocutores de la oposición?

En la medida en que la versión de la democracia venidera se sostenga, apoyándose en la bandera del “pacto”, la concreción de acuerdos será más complicada. Ocultar la realidad democrática del país como instrumento de la política no es productivo; conviene mejor reconocerla y trabajar en negociaciones concretas con la oposición.

Complementa la versión presidencial una polifonía de voces que provienen de los círculos cercanos al Ejecutivo. Todas ellas apuntan, con los matices del caso, a mantener la visión de que estamos todavía en un proceso de transición a la democracia. Tres ejemplos: para Juan Molinar, en el momento de la declaración subsecretario de Gobernación, la transición a la democracia requería de una revisión integral de la Constitución [13] ; para Diego Fernández de Cevallos, influyente senador del PAN, la transición—entendida como una forma distinta de acceder al poder y de ejercerlo—debería ser fortalecida [14] ; Luis Felipe Bravo Mena, presidente nacional del PAN, llamaba a defender el “patrimonio democrático colectivo”. [15]

Ahora bien, en el lado opuesto a esta visión presidencial está una peculiar, extendida en la cúpula del que fuera partido hegemónico por mucho tiempo, el PRI. Un buen exponente de ella es Samuel Palma César [16] , quien el año pasado publicó un artículo en el que sostiene la tesis—compartida por muchos de los miembros de su partido—de lo que aquí llamaré democratización permanente. En palabras del autor: “Pudiera desilusionar pero difícilmente se puede sostener la vía de una transición política en México, si por ella se entiende un proceso acordado para producir el traslado de un régimen autoritario a otro democrático en un periodo establecido de tiempo. Puede acreditarse que el régimen político que derivó de la Constitución de 1917, estaba empeñado en lograr la democracia y que a ella se encaminó a través de reformas sucesivas, habiendo iniciado sobre una base incipiente como régimen democrático, pero en donde se pudieron superar deficiencias y avanzar gradual y consistentemente.”

No sólo se afirma una especie de intencionalidad democrática prematura de nuestra carta magna que se fue realizando con el tiempo, sino una intencionalidad democrática del régimen del PRI: “Lo que es inobjetable está en el hecho de que antes de las elecciones del 2000, el régimen político mexicano había construido las condiciones de la competencia política, la pluralidad y la alternancia en el poder. En todo caso se puede hablar de una trayectoria encaminada a la democracia dentro de la fase de largo dominio y gobierno del PRI”.

Esta versión puede explicarse por cuando menos tres motivos: a) la necesidad del PRI de explicar satisfactoriamente el pasado para enfrentar los acontecimientos del futuro, sobre todo teniendo en mente los comicios intermedios del 2003; b) el imperativo de rescatarse como protagonista del cambio y de asumirse como partido que siempre quiso la democracia plena solo que su propia fortaleza se lo impedía; y c) el menos complaciente, la intención de crearse la imagen de demócrata y hacer creer a la gente que el PRI toda su vida ha ejercido la democracia, sólo que nadie se había percatado de ello.

Vale decir, en honor a la verdad, que la idea de la democratización permanente no es nueva en modo alguno. Con matices, Jorge Hernández Campos la sostuvo hace poco más de ocho años, justo en el año trágico de 1994. Algunas líneas transcritas nos muestran este afán justificatorio de la hegemonía del PRI: “El Partido de la Revolución Mexicana fue posible, persistió, conoció una larga vida y evolucionó, en virtud de una promesa implícita en él: ser vehículo para llegar a la democracia … en sentido estricto la transición mexicana empezó en 1929. Y desde entonces, ha sido continua, persistente … Si en verdad el Partido ejerció hegemonía, no la utilizó para cubrir de sal el terreno a su alrededor; al contrario, hoy, mirando hacia atrás, y juzgando por los resultados actuales, podemos afirmar que el Partido se sirvió de la hegemonía para deshacerse de ella, paulatinamente, con la mira puesta en la democracia”. [17]

Ahora bien, a diferencia del discurso presidencial que arrastra el banderín de la transición y el pacto, el discurso del PRI parte de la premisa contraria: México siempre ha sido democrático, o al menos ha estado en su interés serlo. El “empeño en conseguir la democracia” y la “trayectoria encaminada” a ella son afirmaciones contundentes. Nunca ha habido régimen autoritario, pues “la existencia de visos o elementos autoritarios no deriva necesariamente en que un régimen sea autoritario; se supone que lo es cuando de él no puede derivarse de manera natural un régimen democrático”.

En efecto, la Constitución de 1917 contiene elementos definitorios de una democracia política. Eso es bien sabido y conocido. Pero no puede juzgarse la situación de un país sólo por sus leyes escritas, la práctica exitosa de las mismas, su cumplimiento cuenta tanto que las leyes mismas. Y eso es justamente de lo que se ha acusado recurrentemente a los gobiernos del PRI, de no cumplir con la ley. O, para decirlo con propiedad, de cumplir la ley a “contentillo”. Si eso hubiera ocurrido, esto es, si el famoso “espíritu constitucional” se hubiera realizado en la práctica, entonces podríamos estar de acuerdo con las tajantes afirmaciones de Samuel Palma.

Así, la intencionalidad de la ley no sirve de mucho cuando la intencionalidad del gobernante es contraria a aquella y, más aún, cuando los mecanismos institucionales no funcionan ante la falta de una efectiva pluralidad. Recuérdese la idea planteada en el libro “clásico” de Pablo González Casanova: el modelo de gobierno establecido en la Constitución mexicana, basado en las ideas de la Ilustración Francesa y de los constituyentes de Filadelfia, y la realidad, conformada por la estructura de gobierno y las decisiones políticas, caminaban por vías diferentes. [18] Hoy es difícil sostener en su totalidad este argumento, pero es válido para evaluar la mayor parte de los gobiernos emanados del PRI.

En efecto, antes de los comicios del 2000 estaban establecidas las condiciones de “competencia política, pluralidad y alternancia en el poder”. Pero es injusto suponer que esas condiciones fueron posibles sólo gracias a la anuencia del PRI. Ningún gobernante de ningún autoritarismo se desprende generosamente del poder para alcanzar las “mieles de la historia”. Si revisáramos las coyunturas políticas en que se dieron las reformas electorales entre 1989 y 1996, así como los contenidos de las mismas, veríamos que esas condiciones fueron construidas por el PRI y los partidos de oposición, con la reticencia permanente del partido otrora oficial—y del presidente, claro—a los cambios sustanciales. La gradualidad de la democratización mexicana—no del perfeccionamiento de la democracia, como se leería en el escrito de Palma—tuvo más que ver con esta actitud del PRI que con una historia armoniosa de transformaciones lentas pero seguras, acicateadas siempre por el partido del poder.

La trampa en la argumentación de Palma está en reconocer la pertinencia de las reformas electorales pero no para saltar de un autoritarismo a una democracia, sino para pulir a ésta última de las imperfecciones de la hegemonía del PRI. A diferencia del discurso presidencial aquí no se busca ocultar la realidad democrática, al revés, se trata de ocultar la realidad autoritaria previa. En la medida en que esta versión tenga éxito, este partido tardará en (re)construirse como una opción válida para competir en la nueva democracia mexicana.

Esta visión del proceso político mexicano la destacó quien en su momento era presidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, al recordar un año del triunfo panista en la presidencia de la República. En sus palabras: “Hay una discusión obtusa sobre la transición; se quiere encasillar a México entre los países que sufrieron de un régimen autoritario, dictatorial, y pasaron a un sistema democrático. Lo que se pacta es salir de esa dictadura a la democracia plena, pero en México tenemos libertad de expresión, de manifestación, tenemos elecciones creíbles y la ciudadanía elige. Entonces, no venimos de un sistema dictatorial, sino de una democracia caracterizada por la posibilidad de la alternancia”. [19]

A diferencia de la perspectiva presidencial, en la que se comparte la idea de que se requiere poner fin a la transición, en el PRI coexiste, junto con la visión de la democratización permanente, una opuesta que recién ha sido aireada públicamente, a la cual llamo de la realidad impuesta. En ella, no se trata de negar el pasado autoritario sino de reconocerlo, no sin cierto dejo de cinismo, como una especie de necesidad histórica. Recientemente la expresó con mucha claridad la secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo: “Dicen que hemos sido un partido autoritario, sí es cierto, cuando hubo necesidad de ser vertical, de que las decisiones vinieran de arriba para abajo, las acatamos, pero que nadie olvide que cuando las decisiones eran así el país estaba productivo, trabajando, creando y recreando, con estabilidad política y gobernabilidad. Pero que tampoco olviden que cuando se habló de democracia fue el PRI, entre otros partidos, el que apoyó la creación del Instituto Federal Electoral, el que reforma la Constitución para que tuviéramos viabilidad democrática por esos campos. También somos demócratas, no es patrimonio de otros, fuimos los primeros a riesgo de perder la propia Presidencia de la República”. [20]

El contraste parece evidente, según esta postura: cuando hubo necesidad de ser autoritario, el partido lo fue, pero ello tenía evidentes ventajas en la calidad de vida de los mexicanos; y cuando hubo necesidad de ser democráticos, el partido lo fue, creando las condiciones políticas para la alternancia en el poder. Aunque es debatible la idea implícita de la “necesidad” de ser autoritario, rescato un punto general: el PRI aparece como el comodín del momento, pues de acuerdo al contexto, se adecuaba e impulsaba lo “mejor” para México.

En suma, bien valdría la pena reconocer que “la democracia es ya una experiencia, una vivencia, una realidad tangible” [21] . Si eso lo tenemos en cuenta, seguramente los actores políticos podrán mejorar no sólo su actitud, sino su comportamiento democrático. Por consiguiente, no estarán esperando por un futuro que en los hechos es ya una realidad: la democracia, ni estarán negando un pasado que fue una realidad: el autoritarismo, ni mucho menos estarán justificando una práctica política autoritaria de la que parecen sentirse orgullosos y no quieren deslindarse.

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[1] Al respecto, véase Giuseppe Di Palma, “ La Consolidación Democrática: una Visión Minimalista”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 35, abril - junio 1988, pp. 67-92; Richard P. Gunther, Nikiforos Diamandourus y Hans – Jürgen Puhle (eds.), The Politics of Democratic Consolidation. Southern Europe in Comparative Perspective, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1995; John Higley and Richard Gunther (eds.), Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, New York, Cambridge University Pres, 1992; Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post – Communist Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996; y Leonardo Morlino, “Consolidación Democrática. Definición, Modelos, Hipótesis”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 35, julio – septiembre 1986, pp. 7-61.

[2] Juan J. Linz, “Transiciones a la Democracia”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Núm. 51, julio – septiembre 1990, pp. 29.

[3] Larry Diamond, Developing Democracy. Toward Consolidation, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1999, p. 69.

[4] José Woldenberg, “Para la Consolidación Democrática”, Enfoque (suplemento del periódico Reforma), núm. 471, 2 de marzo de 2003, pp. 18-21.

[5] Latinobarómetro, Opinión Pública Latinoamericana, “Informe de Prensa. Latinobarómetro 2002”, htpp: www.latinobarometro.org.

[6] Secretaría de Gobernación y Fundación Este País, “Conociendo a los Mexicanos. Principales Resultados de la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 de la Segob”, Este País, núm. 137, agosto 2002, 24 pp.

[7] Andreas Schedler, Cinismo Ciudadano y Aprendizaje Democrático, ponencia presentada en el seminario “Transición y Consolidación Democrática: El Contexto Internacional y la Experiencia Mexicana”, Instituto Federal Electoral, México, Distrito Federal, 18 de febrero de 2003.

[8] La expresión es de Luis Salazar, “La Transición ya es un Pretexto”, Etcétera, núm. 355, 18 de noviembre de 1999, pp. 18-21.

[9] Vicente Fox, discurso de inauguración del IX Congreso Mundial de Recursos Humanos, 27 de mayo de 2002 (http://www.presidencia.gob.mx).

[10] Daniel Millán, “Lamenta Fox fracaso en transición pactada”, Reforma, 10 de octubre de 2002, p. 8A.

[11] “Está hecha la transición, asegura Fox”, Reforma, 15 de octubre de 2002, p. 7A.

[12] En este sentido, es válida la apreciación de Carlos Casillas: “Nos empeñamos por meter en el molde ibérico a un excepcional proceso de cambio político, que hace tiempo concluyó con un régimen autoritario sui generis”. Carlos Enrique Casillas, “Administrar la ignorancia”, Milenio Diario, 26 de mayo de 2002.

[13] “Urge Molinar a revisión integral de Constitución”, Reforma, 27 de julio de 2001.

[14] Angélica Mercado, Lucero Ramírez y Nayeli Cortés, “Para el PAN sí hay transición, para la oposición sólo hubo alternancia”, Milenio Diario, 5 de julio de 2001, p. 7.

[15] Ernesto Núñez y Mayolo López, “Llama Bravo Mena a defender transición”, Reforma, 30 de junio de 2001, p. 6A.

[16] Samuel Palma César, “La transición como fachada”, Enfoque (suplemento del periódico Reforma), núm. 430, 12 de mayo de 2002.

[17] Jorge Hernández Campos, “De la larga y verdadera transición”, Vuelta, vol. 18, núm. 213, agosto de 1994, p. 41.

[18] Pablo González Casanova, La democracia en México, 16ª ed., México, Era, 1985, p. 23.

[19] Esperanza Barajas Urías, “El PRI, el bueno por conocer”, Reforma, 2 de julio de 2001, p. 10A.

[20] Carolina Pavón, “Descarta Gordillo formar otro partido”, Reforma, 23 de febrero de 2003, p. 8A.

[21] Luis F. Aguilar, “La experiencia de la democracia”, Reforma, 29 de mayo de 2002.