Perspectiva democrática
IIS - UNAM
Como puede apreciarse en la
estadística correspondiente (pulsar el botón del ratón sobre Los temas de la
semana en la prensa, en la ventana anterior), los acontecimientos que
recibieron mayor atención esta semana están relacionados con el escenario
después del desafuero, las multas por el “Pemexgatge” y el fallo de la corte
sobre la cotroversia por el presupuesto de egresos entre el Ejecutivo y la
Cámara de Diputados. Además del primero, analizamos aquí el tercero, porque
atañe a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la precisión
de los términos de esta relación es clave para la consolidación de la
democracia.
Las dinámicas internas del PRI, complejas, y los otros partidos grandes, más simples, reflejan un cambio en la disputa por el escenario de 2006: ya no se trata de ver si el PRI encabeza ligeramente la elección o si se repite un escenario de “voto útil” (con una mayoría contra el PRI); se trata, más bien, de ver si el PRI queda o no rezagado en una competencia que arrancaría con el PRD en primer lugar y el PAN en segundo.
Luego de que la
PGR se desistiera de la acción penal por el supuesto dasacato de López Obrador,
y así concluyera la semana pasada el capítulo del desafuero, se reúnen el jefe
de gobierno y Vicente Fox. En una conferencia de prensa nocturna, AMLO declara
que no hubo reproches por el caso del desafuero y que “le expresé el compromiso
sincero de nuestra parte para contribuir a que las elecciones del (sic) 2006
sean limpias y en paz.” Asimismo, informa que se reanudará la relación de
trabajo y coordinación entre los gobiernos capitalino y federal, “a pesar de
las diferencias”, la cual se concentrará en los problemas del agua y la
seguridad de la ciudad de México y en la implantación del seguro popular
federal aquí.
Paralelamente, en una declaración que
recibe poca atención de los medios, Ricardo Monreal, uno de los coordinadores
de las Redes Ciudadanas pro López Obrador, dice que los perredistas ya se están
preparando para gobernar el país. Añade: “creo que ‘habemus presidente’;
ahorita López Obrador está 29 puntos arriba de Madrazo y 24 arriba de Creel...
no debemos cometer tonterías... con eso podemos ganar.”
Por su parte, el propio AMLO anuncia que
dimitirá a la jefatura de gobierno del Distrito Federal el 31 de julio para
buscar la candidatura de su partido y que, mientras tanto, no hará
declaraciones relacionadas con los asuntos electorales. Desde ese momento,
mantiene un perfil de menor visibilidad que el que ha sido habitual. Unos días
después, un vocero de Cuauhtémoc Cárdenas da a conocer que él está ponderando
la posibilidad de retirarse de la contienda, y formula críticas a los altos
topes de las campañas internas que ha puesto la directiva del PRD.
De otra parte, en un mitin de 4 mil
panistas de Guanajuato (según datos de Reforma y El Universal), que es
denominado como “reencuentro” por la dirigencia de su partido en el estado,
Vicente Fox declara que “quien quiera que esté en la boleta electoral habrá de
ser derrotado por el candidato de Acción Nacional”. Ellos responden: “Vicente,
amigo, el Peje es tu enemigo; Vicente, amigo, el PAN está contigo.”
Posteriormente, en más de una declaración, hace críticas al populismo, que en
algunas notas periodísticas se interpretan como dirigidas a las políticas que
ha impulsado López Obrador. La dirigencia del PRD las reprocha, y el vocero de
la presidencia niega que tengan “dedicatoria” específica.
Algunos panistas formulan críticas a
Santiago Creel y piden nuevamente que deje el cargo de secretario de
Gobernación para contender “en igualdad” con los otros aspirantes a la candidatura
de su partido. La prensa destaca las de Francisco Barrio, para quien Creel
sería un candidato “débil” y ser “guapo, suave y estar arriba en las encuestas”
no significa “ninguna garantía”. Creel se limita a responder que los tiempos de
su desempeño como secretario están subordinados sólo a la decisión del
presidente y los de la designación del candidato del PAN los fijará la
dirigencia de este partido, la cual anuncia al final de la semana que el
registro para la contienda interna tendrá lugar entre el 6 y el 10 de
julio.
Paralelamente, tienen lugar actividades de
diversa índole en tres ámbitos del PRI. En primer lugar, se renueva el Consejo
Político Nacional, CPN, que está integrado por 1200 consejeros, siguiendo dos
procedimientos: elección abierta entre los militantes (480 lugares) y
acreditación por parte de los tres sectores tradicionales (50 lugares cada
uno), las organizaciones de mujeres y jóvenes (50 lugares cada uno), los
senadores del partido (10 lugares), sus diputados (80 lugares) y una diversidad
de organismos, movimientos y corrientes de opinión adherente (de tres a cinco
lugares cada una y un total de 380). En segundo lugar, los integrantes del
grupo Unidad Democrática, también conocido como Todos Unidos contra Madrazo, o Tucom,
que es encabezado por Enrique Jackson, Arturo Montiel, Enrique Martínez, Manuel
Ángel Nuñez y Tomás Yarrington, se preparan para intensificar sus precampañas.
En tercer lugar, se anuncian preparativos para el retorno de Elba Esther
Gordillo a la escena pública, que según información filtrada a columnistas,
puede ocurrir el día del maestro. Además, se dice que hay reuniones para
redefinir la estrategia del partido hacia las elecciones de 2006 y que en esta
tarea serán importantes los resultados de encuestas que han sido encargadas
para medir el efecto que haya causado en las opiniones acerca del partido el
desafuero de AMLO.
Al cerrarse el
capítulo del desafuero, queda López Obrador como el principal precandidato a la
presidencia y ello redefine las condiciones para la contienda electoral (aunque
con el tiempo pudiera modificarse su ventaja). Unos meses antes del desenlace
parecían configurarse dos escenarios distintos. En uno habría tres apirantes
con posibilidades reales: Santiago Creel, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López
Obrador. Cuando se preguntaba en las encuestas por cuál partido votarían los
encuestados si ellos fueran los candidatos, el PAN, el PRI y el PRD obtenían
porcentajes comparables; es decir, se preveía una competencia muy cerrada. En
este escenario, quien parecía tener alguna ventaja era Madrazo, porque el PRI
seguía siendo el partido con el mayor número de simpatizantes, lo que se
reflejó en la elección intermedia de 2003.
En el segundo escenario previo al desenlace
del desafuero, había dos aspirantes con posibilidades reales: Santiago Creel y
Roberto Madrazo. Según las encuestas, el PRD con un candidato distinto a López
Obrador quedaba lejos del PAN y el PRI en los porcentajes de preferencias.
Aquí, quien parecía tener la ventaja era Creel, porque el PRI seguía siendo
también el partido con el mayor número de votantes en contra. Es decir, un
número considerable de ciudadanos que votaría por AMLO en un escenario de tres
candidatos, y quizá algunos que
votarían por otras personas, preferirían votar por el PAN en un escenario de
dos, para que el PRI no llegara nuevamente a la presidencia. Se repetiría
entonces, aunque en menor escala, el fenómeno del “voto útil” que llevó ha
Vicente Fox al triunfo en 2000.
Conforme avanzó la disputa política y
mediática por el desafuero, esos dos escenarios se fueron desdibujando.
Primero, López Obrador fue cobrando cada vez mayor fuerza, y en las últimas
semanas ya no fue tan claro que Madrazo llevaría ventaja en un escenario de
tres. Segundo, la fuerza de López Obrador se fue traduciendo en apoyo para el
PRD, y aun sin él éste partido podría obtener un porcentaje considerable de
votos; es decir, el escenario de dos ya no era tan favorable a Creel, y aquí la
competencia con Madrazo podría volverse cerrada. Estas pueden haberse
encontrado entre las razones por las que finalmente el PRI se decidió por el
desafuero.
Pero ahora López Obrador ha logrado aún
mayor fuerza, pues ha quedado como el triunfador. Además, por la forma en que
tuvo lugar el desenlace, el presidente Fox ha recuperado imagen y el PRI
aparece como el mayor perdedor. Se perfilan entonces dos nuevos escenarios. Uno
sería de nuevamene de tres candidatos con posibilidades reales, pero con el PRD
a la cabeza. El otro sería otro de dos, ahora con el PRI rezagado.
En la disputa por un escenario de tres o
uno de dos, la contienda por definir la agenda de temas electorales puede ser
clave. Esto explicaría las intervenciones de Fox sobre el populismo (y la
defensa que hace López Obrador de sus programas de justicia social). Si éste se
convierte en uno de los asuntos centrales, no sólo serían el PRD y el PAN los
principales competidores en 2006, sino que además parte del rechazo al PRI
(como el antiguo abanderado del populismo) podría ser transferido al PRD.
En este contexto, la contienda interna por la candidatura del PRD no parece tener menor trascendencia: la candidatura de López Obrador está prácticamente decidida –aunque hay que mencionar que la precandidatura de Cuauhtemoc Cárdenas tiene todavía peso suficiente como para buscar que sus posturas reciban atención y sus allegados conserven alguns posiciones. Por ende, los esfuerzos de López Obrador se concentran por ahora en contener el posible futurismo de sus simpatizantes.
Por otra parte, la disputa en el PAN se reduce a críticas superficiales y la discusión sobre la equidad de condiciones no tiene por ahora muchas perspectivas. Esto no significa, sin embargo, que la candidatura de Creel sea tan clara como la de López Obrador (o como lo parecía ella misma cuando Espino fue nombrado presidente del partido). Seguramente el desenlace del desafuero permitirá a los simpatizantes de Calderón argumentar que Creel no es el indicado y, de esta manera, buscar que vuelva a haber una competencia entre los dos.
En cambio en el PRI las nuevas condiciones, que además coinciden con su
renovación interna, abren posibilidades de realineamientos que quizá no han
recibido suficiente atención, ya que ahora los gobernadores y los alcaldes de
este partido buscarán evitar que el posible declive de su agrupación en el
plano nacional se traduzca en pérdidas electorales en el ámbito local.
Horizontes
En la definción del escenario para 2006 seguramente confluirán otros asuntos, además de aquellos cuya dinámica se ha considerado aquí. Uno de ellos será el de los castigos por el “Pemexgate”, que han recibido gran atención esta semana. Seguramente estos castigos afectarán los realineamientos internos en curso en el PRI y harán más difícil el proceso de decisión sobre su candidato, además de más lento el proceso de definición de sus estrategias de campaña. Aunque, por la distribución de los lugares del CPN entre los diferentes electores, Roberto Madrazo probablemente tendrá una mayoría relativa, pueden surgir grupos relativamente pequeños con capacidad de modificar las correlaciones de fuerzas, lo cual aumentará la complejidad del partido. Todo ello probablemente se traducirá en presiones que conduzcan a un reordenamiento mayor del partido una vez que se decida el candidato, o a la gran crisis que se había pronosticado equivocadamente para los primeros años de este sexenio.
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Controversia sobre el presupuesto Resumen La decisión de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, sin ser definitiva, empieza a esclarecer los mecanismos que se
seguirán en el futuro para elaborar el presupuesto de egresos de la
federación. Hechos El lunes 9, cuatro de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza y Guillermo Ortiz Mayagoitia), se pronunciaron por validar el derecho del presidente de la república a vetar el presupuesto de egresos de la federación. El martes, tres ministros (Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero) se pronunciaron en contra. El miércoles se mantuvo la incertidumbre y el jueves, el presidente de la suprema corte, Mariano Azuela, rompió el empate a cinco votos cuando se pronunció a favor del derecho del presidente a vetar el presupuesto. El presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, Manlio Fabio Beltrones, lamentó que la resolución hubiera requerido del voto decisivo del presidente de la suprema corte, y señaló que la división subraya el hecho de que no hay consenso y son necesarias leyes más específicas para ordenar definitivamente el asunto. Por otro lado, el PRD criticó personalmente al presidente de la suprema corte, y lo calificó de “instrumento dócil en manos del presidente Fox” y criticó la resolución diciendo que “vulnera seriamente el estado de derecho” y que es “muy grave, romper el equilibrio de poderes”. Además: “la decisión permite la intromisión absoluta del Poder Ejecutivo en las decisiones del Congreso y le otorga un poder desmedido al mandatario federal”. Alejandro González Yañez, lider de la bancada del PT, calificó la resolución de “Golpe de estado del poder judicial” porque retira de tajo la principal facultad de la cámara de diputados, que es determinar en última instancia el presupuesto. Por su parte, Juan Molinar, coordinador de asuntos financieros del PAN, afirmó que la decisión de la Corte contribuye a restablecer el equilibrio de poderes y que no hay ganadores ni vencidos, sino un fortalecimiento de las instituciones. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el perredista Salvador Martinez della Rocca declaró que los recortes a las universidades si el presidente veta el presupuesto aprobado por el congreso serán desastrosas para la educación. Análisis La división de la Suprema Corte subraya que la discusión del derecho al veto del Presidente es compleja y se da en varios niveles. Los ministros no están de acuerdo siquiera en el papel que debe jugar la SCJN en el caso. Unos creen que debe limitarse a interpretar la Constitución, mientras que Mariano Azuela llamó a ir más allá de la mera interpretación y a hacer justicia. Además, por lo menos algunas de las razones que se ofrecieron para inclinarse de uno u otro lado, no son de tipo legal, sino más propiamente de eficacia política. Tanto los ministros en la minoría como el PRD argumentaron que la posibilidad de veto presidencial entrampará la aprobación del presupuesto al grado de que puede haber varios años sin presupuesto aprobado. Por su parte, los que se pronunciaron a favor del veto argumentan que esto obligará tanto al Ejecutivo como al Legislativo a negociar el presupuesto con antelación. Ha quedado pendiente la resolución de la SCJN sobre si el presupuesto es un acto administrativo. Por ello está aun ausente de los debates la pregunta de quien debe tomar las decisiones presupuestales. La pregunta parece fundamental, pues es esto lo que debe en última instancia justificar la decisión de la Corte: si el ejercicio del presupuesto es una decisión primordialmente administrativa, es el Ejecutivo el que debe tener el mayor peso en la toma de decisiones. Por otro lado, si el presupuesto es un asunto primordialmente legal, entonces debe ser la Cámara de Diputados la que tenga el mayor peso. De esta forma, la Corte parece llamada a hacer más que sólo meramente interpretar la Constitución, pues su letra parece insuficiente para inclinarse hacia uno u otro lado; la Constitución dice que es función exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, pero no dice, como afirma González Yañez, que la Cámara pueda fijar el presupuesto, mucho menos que deba fijarlo exclusivamente. Si las cámaras fueran responsables de fijar el presupuesto, serían éstas las encargadas de elaborarlo y redactarlo so pena de incurrir en evasión de responsabilidades. Además es administrativamente ineficiente que el poder Ejecutivo lo redacte si el poder Legislativo puede modificar todo. Un argumento importante de por qué debe ser el Ejecutivo el principal responsable de elaborar el presupuesto es que requiere de consideraciones técnicas, financieras y económicas, que el poder Ejecutivo no necesariamente tiene. Parece haber, en las acusaciones de presidencialismo desmedido, algunas presuposiciones insuficientemente sustentadas; por un lado, parece implicarse que las cámaras, por ser plurales e internamente “democráticas”, no pueden ser autoritarias, y por otro, parece implicarse que la autoridad del Presidente no es democrática por ser tomada por una sola persona. Sin estas presuposiciones, parece que habría que argumentar más si se quiere sostener que debe ser el Legislativo el responsable principal de tomar las decisiones presupuestales. Estamos ante dos diseños intitucionales diferentes (y no meramente ante dos programas políticos). La diferencia entre uno y otro, es que en el primero el presupuesto se elabora atendiendo principalmente a los mecanismos propios del poder Ejecutivo y en el segundo se atiende principalmente a los mecanismos propios del poder Legislativo. Idealmente, un poder debe acotar al otro, pero es necesario que un tipo de criterios de decisión prevalezca, pues de otro modo existe el riesgo de empantanarse sistemáticamente. Horizontes La
resolución de la Corte da la esperanza de que en adelante las cosas se hagan
de modo diferente. Ha quedado claro que sin derecho de veto las negociaciones
se empantanan. Entre el veto y la mayoría necesaria para revertirlo, debe
haber espacio para negociar un presupuesto que, aunque no le guste a nadie,
pueda ser aceptable para la mayoría, antes de que se envíe al Congreso para
su aprobación. Ante esta situación, la reacción del PRD
parece desmedida y peligrosa: en tanto este partido continúe insistiendo en
que la legitimidad de las acciones políticas depende de lo que entiende por “justicia
social” y no de los procedimientos mediante los que se llega a esas acciones,
seguirá poniendo en riesgo el diseño de instituciones que funcionen
eficientemente en una democracia. Si bien la Corte está en camino de
destrabar un asunto más derivado de la especificación insuficiente en la ley
sobre las atribuciones de los diferentes poderes, queda de manifiesto con más
claridad que antes la necesidad de iniciar –por partes quizá– la llamada
reforma del Estado. Depender de
argumentos generales sobre el carácter de cada poder y sobre el espíritu de
la Constitución, y no contar con un argumento que dependa de premisas
específicas sobre las facultades de los poderes, deja una sombra de duda que
no es conveniente para la consolidación de la democracia. El problema de fondo es que el país ha
rechazado un régimen político que funcionaba gracias a las atribuciones
metaconstitucionales del presidente, pero no ha acabado de definir las
facultades constitucionales, ni del
Presidente ni del Congreso, que hagan que funcione el nuevo régimen. La
solución parece simple: definirlas. Pero no lo es; se requiere decidir,
primero, si el régimen habrá de seguir siendo presidencial o si se
transformará en parlamentario o semiparlamentario. Se requiere también dotarlo
de mecanismos para formar mayorías cuando el congreso esté dividido como el
de ahora, en tres partes comparables. |